Al mismo tiempo que legisladores federales reconocieron el derecho humano al agua, en el estado de México y el Distrito Federal los gobiernos buscan que sean empresas privadas las que se hagan cargo de su manejo, señaló la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).

Recordó que en el estado de México se aprobó la Ley del Agua, formulada por el mandatario estatal, con la cual la iniciativa privada tendrá participación directa en el manejo de este recurso.

En el Distrito Federal sigue abierta la discusión de la iniciativa del Ejecutivo local para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), lo cual incluye disposiciones que abren la puerta a la privatización, además de orientarse hacia un modelo de gestión que no se basa en el enfoque de derechos humanos, refirió.

En este caso, agregó el COMDA, enviaron una carta a los legisladores del Distrito Federal, en la cual demandan que se incluya un artículo en la Ley de Aguas del Distrito Federal, en el que se señale que todos los habitantes gozarán del derecho al agua potable. El SACM es el organismo público obligado para la materialización de dicho derecho y tiene de manera exclusiva la atribución de prestar los servicios hídricos a la población.

También propuso que se determine que los servicios hídricos bajo ninguna circunstancia podrán ser cedidos, concesionados, subrogados, subcontratos, terciarizados, ni podrá recurrirse a cualquier forma de privatización o de gestión privatizada.

Esta propuesta la presentó la COMDA junto con 50 organizaciones sociales y civiles y alrededor de 200 personas, entre ellas académicos como Blanca Jiménez, Rodrigo Gutiérrez, David Barkin y María Luisa Torregrosa.

Consideró en un análisis que el derecho al agua deberá contemplar una visión sustentable del manejo del líquido como bien público y común, que dé marcha atrás a la privatización y mercantilización del líquido.

Recordó que el 28 de abril en la Cámara de Diputados se aprobó el decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución para incluir el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La iniciativa fue turnada al Senado.