Hay opiniones encontradas sobre el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) que los países negocian en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Las voces a favor consideran que los bosques deben entrar al mercado de bonos de carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y quienes están en contra señalan que es una forma de privatizarlos con beneficios para los países que quieren seguir contaminando.

La iniciativa REDD+ se entiende como las actividades que reducen las emisiones, pues evitan la deforestación y degradación forestal con acciones de manejo sustentable de los bosques y conservación de las reservas de carbono que se encuentran en ellos, indica el consejo consultivo de este mecanismo en México. Precisa que la deforestación y degradación de bosques en México aportan 10 por ciento de las emisiones GEI que genera el país.

Con este mecanismo se cuantifica la deforestación evitada –es decir la vegetación que se preserva– mediante créditos o bonos. En éstos se define la cantidad de carbono que las selvas capturan y se pondrían a la venta en un mercado internacional. Allí los países o empresas que en su territorio o procesos productivos no reduzcan emisiones contaminantes podrán comprar dichos bonos y así, por la vía económica, cumplir con sus compromisos de disminución de emisiones.

A escala internacional falta por definir las metodologías para cuantificar la reducción de emisiones de GEI, los criterios para que los países aporten recursos y los mecanismos financieros para canalizar los fondos.

El Centro Internacional de Investigación Forestal señala que hay dificultades para la medición del carbono que capturan las selvas, ya que para asignar un valor al gas almacenado en un bosque se debe estimar con exactitud la cantidad que concentra. Tampoco se ha definido a quién se deberían pagar los bonos, si a gobiernos nacionales, comunidades locales o empresas madereras.

La REDD+ puede generar beneficios a los países mediante la reducción de las emisiones por deforestación o degradación de bosques. No están definidas las reglas del juego, se espera que pasen dos o tres años, pero sí hay un acuerdo de los países de que se puede aplicar, sostuvo Ben de Jong, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Hay mucho potencial para que la selva entre al mercado de bonos de carbono, la tasa de deforestación es alta, igual que la reserva de carbono. En términos de implementación quizá sea difícil por la parte social, pero se debe hacer trabajo en las comunidades para generar acuerdos.

Kayum Max ha hecho de la pintura la forma de reflejar el agradecimiento que siente por la riqueza natural que lo rodeaFoto Angélica Enciso L.

La directora del Ecosur, Esperanza Tuñón, explicó que en la lacandona actualmente trabajan en la elaboración de los inventarios de GEI, lo cual es parte de los proyectos de investigación y los resultados son públicos, pueden acceder a ellos las instancias gubernamentales y cualquier sector social.

La información que se genera permitirá que cuando se aplique la normatividad internacional validada en el diseño de REDD + sea útil para los programas, y en la operación de la política deberán estar de acuerdo todos los actores, incluidas las comunidades.

Tuñón dijo que hasta ahora nadie puede decir que hay una iniciativa REDD+; lo que hay es la contabilidad en la selva Lacandona. En el caso del trabajo del gobierno estatal con las comunidades lacandonas –en el cual rechazó que participe el Ecosur– fue prematuro llamarle REDD+. Se trata, agregó, de acciones tempranas.

Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf –que integra 50 agrupaciones forestales locales y regionales en 19 estados–, consideró que lo que hace el gobierno de Chiapas es más bien un pago por servicios ambientales a grupos indígenas; se paga por no tocar la selva.

Si no hay una discusión previa sobre la REDD+, sería un riesgo para las comunidades entrar al mercado de bonos de carbono. Buscamos que se dejen a salvo los derechos fundamentales de ejidos y comunidades, que se respete la propiedad social, el uso de sus recursos forestales, que no sea una política conservacionista, y el consentimiento libre previo e informado.

En la denominada declaración de Patihuitz, donde organizaciones regionales campesinas e indígenas de Chiapas, como Unorca y Aric, participaron a principios de abril, se señala que hay desinformación sobre REDD+, el cual consideraron que ya se aplica en la selva Lacandona, y tiene como “fin que los países industrializados ‘compren’ su derecho a contaminar, a costa de las tierras y territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y campesinos”.

A mediano y largo plazos la REDD+ no beneficiará a las comunidades, sino que serán las grandes empresas trasnacionales las que obtendrán las mayores ganancias por la venta de carbono. Este mercado es una de las falsas soluciones que impulsan esas empresas y los gobiernos para combatir el calentamiento global, señala el documento.