Los oligarcas mexicanos nunca han tenido mucho que temer de las autoridades encargadas de la competencia en el país. Hasta hace poco, los inspectores tenían que avisar un día antes de realizar una visita. Los infractores litigaban durante años en tribunales antes de caerse con sus multas. Aun así, la sanción máxima por una primera infracción a las reglas de competencia era de 85 millones de pesos, ni para cacahuates, reconoce un inspector. Y así fue como los corporativos mexicanos engordaron más y más.

Sin embargo, el mes pasado la Comisión Federal de Competencia golpeó al más grande con una multa de 11 mil 990 millones de pesos, la más dura jamás aplicada. Afirmó que Telcel, que ostenta 70% del mercado mexicano de telefonía móvil y es controlada por Carlos Slim, ha abusado de su posición dominante cobrando altas tarifas de interconexión a las redes competidoras. Telcel anunció que apelará.

La multa multimillonaria se basó en una ley de 2006, según la cual los infractores reincidentes pueden ser sancionados hasta con 10% de sus activos. El 28 de abril el Congreso aprobó una nueva ley que considera penas aún más severas. Quien cometa colusión –pero no abuso del dominio del mercado, que fue la acusación contra Telcel– podrá ser penado hasta con 10 años de prisión. Todos los infractores, no sólo los reincidentes, recibirían multas hasta de 8% de las ventas anuales por abuso del dominio del mercado, y 10% en caso de colusión. La comisión podrá realizar inspecciones por sorpresa; la abolición del aviso previo permitirá a México participar en operaciones internacionales combinadas, de las cuales se le ha excluido a menudo por miedo a que dé el pitazo a sospechosos en otros países.

Hacer efectivas las sanciones sigue siendo un problema. Funcionarios temen que los abogados de Slim detengan el pago de Telcel durante una década o más; la comisión aún litiga contra una embotelladora a la que sancionó en 2000. Pero afirma que los procesos legales llevan ahora dos años en promedio, cuando hace una década eran cinco o seis. Y ahora afirma ganar tres cuartas partes, cuando antes era la tercera. Un funcionario dice que esto es en parte porque ha aprendido a enderezar sus argumentos hacia abogados, no a economistas.

Un mecanismo del gobierno para llevar expertos extranjeros a enseñar a los jueces mexicanos sobre el combate a monopolios también ha agilizado las cosas. La nueva ley instituye un tribunal especial para conocer de casos de competencia; los detalles serán definidos por el Congreso en el curso de seis meses.

Irónicamente, los propios corporativos han contribuido a crear conciencia pública sobre el dominio del mercado. En el tan publicitado pleito entre Slim y los dos multimillonarios de la televisión, cada parte acusa a la otra de ser un monopolio que realiza prácticas injustas. Eso ha facilitado a los políticos reconocer que los monopolios causan daño a los consumidores, más que fortalecer las empresas nacionales.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya