El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, dio a conocer que entre agosto de 2010 y abril de este año han sido cesados 200 servidores del organismo; a 40 se les inició proceso penal, porque las faltas en que incurrieron fueron graves.

El funcionario anunció que a partir de esta semana se iniciarán en Tamaulipas, Veracruz y Chiapas exámenes de control de confianza y toxicológicos, y se aplicará el polígrafo a mil 500 servidores públicos adscritos a esas entidades, que forman parte de la ruta del migrante.

Al ofrecer un mensaje a medios de comunicación, Beltrán del Río informó también que habrá de institucionalizarse un esquema de rotación de personal para evitar que la estancia prolongada de algunos en diversos cargos pueda ser un factor de corrupción o de colusiones con el crimen organizado. Dijo que lo más sano para la institución es mover periódicamente al personal, para lo cual están por definirse los periodos máximos de permanencia en determinada plaza.

La denuncia

Paralelamente, mencionó que desde que algunos indocumentados denunciaron la colusión entre personal del INM en Tamaulipas y bandas dedicadas al secuestro de migrantes, el instituto ha mantenido colaboración estrecha con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), para proporcionar toda la información acerca de los siete funcionarios coludidos –seis de ellos arraigados y uno prófugo–, involucrados en el asesinato de decenas de migrantes.

Beltrán del Río aseguró que los recientes relevos en las delegaciones estatales que se anunciaron servirán para iniciar un proceso de depuración, en primera instancia, de aquellas entidades ubicadas dentro de la denominada ruta del migrante. Indicó que el personal asignado deberá participar en los exámenes que se aplicarán a los mil 500 funcionarios para determinar a los que no cumplen con el perfil para mantenerse dentro del organismo.

Agregó que además de los exámenes que aplicará el centro de control de confianza del organismo se realizarán otras pruebas toxicológicas de sangre, e incluso se recurrirá al polígrafo. Mencionó que entre agosto de 2010 y abril de 2011, la aplicación de los exámenes de confianza derivó en el cese de 200 funcionarios por diversas causas, entre ellas violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Entre los sancionados destacó a dos servidores asignados a Chiapas, a los que se investiga por obligar a mujeres indocumentadas a prostituirse, hechos de los cuales ya se desprendió la aprehensión y procesamiento del dueño del lugar donde presuntamente eran obligadas a trabajar.

Tras reconocer la problemática por la que atraviesa el organismo y confiar en que la entrada en vigor de la nueva legislación en materia migratoria coadyuvará a mejorar el funcionamiento del INM en sus diversas tareas, rechazó que por ahora se tenga considerada la participación de las fuerzas armadas en las tareas del instituto.

Reconoció que en muchas ocasiones el INM ha solicitado el apoyo de la Policía Federal, la Marina o el Ejército para reforzar los operativos de aseguramiento de migrantes, y dijo que esto no implicará que a corto plazo puedan involucrarse directamente en esas funciones. De hecho, aseguró que la gran mayoría de los aseguramientos los ha realizado el propio INM, y sólo en una proporción muy baja las fuerzas armadas, particularmente en Tamaulipas.

En referencia a esta última entidad, dijo que al mes de abril habían sido aprehendidos 890 indocumentados en 23 diligencias, deteniéndose a 95 personas ligadas con el tráfico de personas. Indicó que paralelamente a los exámenes, se habrá de reforzar la capacitación y también a los Grupos Beta de protección a migrantes. Concluyó que con el apuntalamiento jurídico que le confiere al INM la nueva legislación se habrán de enfrentar las insuficiencias que aún tiene el organismo.