Aunque el Gobierno del Distrito Federal informó que realizaría una consulta amplia y plural sobre la supervía poniente, en los términos de la Ley de Participación Ciudadana, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que el punto uno de la recomendación emitida por este organismo no se considera como aceptado, ya que si no hay suspensión de la obra, no tiene sentido realizar dicha consulta.

La CDHDF emitió la recomendación 01/2011 el 20 de enero de este año por “violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la obra pública denominada Sistema vial de puentes, túneles y distribuidores al sur poniente de la ciudad de México (supervía poniente).

En el primer punto se recomendó la suspensión de la obra, hasta que se llevara a cabo una consulta pública; sin embargo, al dar respuesta a la recomendación, el jefe de Gobierno señaló que no aceptaba la suspensión de la obra, con el argumento de que se condicionaba a la realización de una consulta pública.

La CDHDF hizo notar que el segundo, tercero y cuarto puntos de la recomendación 01/2011, que se refieren a la consulta pública, tampoco se consideran aceptados, pues son adyacentes a la suspensión de la obra.

Por otra parte, el organismo señala que a la fecha no se han registrado avances sustantivos en los puntos que aceptaron tanto el GDF como las jefaturas delegacionales en la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

Aunque una parte de vecinos, principalmente de Santa Fe, aplaudieron al Gobierno del Distrito Federal por realizar la consulta pública por la construcción de la supervía, los vecinos que se oponen a la construcción incluso han pedido la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El Frente amplio contra la supervía solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU intervenir en el conflicto por la obra vial que ya se construye en el poniente de la ciudad.