El 31 de marzo de 2007, Víctor Chávez de la Torre fue con tres amigos a una fiesta al mercado de San Bartolo, municipio de Tultitlán, estado de México. Ahí, un sujeto lo reconoció como el responsable de un homicidio ocurrido siete meses antes en la colonia Lomas de Cartagena, y le pidió a dos policías judiciales que lo detuvieran y lo remitieran al Ministerio Público.

Al ser presentado ante la autoridad, los policías aseguraron que el acusado les ofreció 50 mil pesos si lo dejaban en libertad; se inició el proceso penal en su contra y finalmente lo sentenciaron a 51 años, 9 meses de prisión, con base en la declaración de un solo testigo, quien no ratificó su dicho y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

Chávez de la Torre señaló después de la captura que fue obligado por los policías a firmar su confesión; además, en el juicio no fueron tomados en cuenta los testimonios de tres testigos que confirmaron su versión de que él no participó en el homicidio que se le imputa.

Por cuatro votos a uno –Mario Pardo Rebolledo votó en contra-, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo que interpuso Chávez de la Torre en contra de la sentencia que le dictó la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de México.

Según se sabe, el 31 de marzo de 2007, un sujeto estaba herido a bordo de una camioneta en el Bulevar Cartagena de ese municipio; finalmente murió a consecuencia de una herida punzo cortante.

El 23 de octubre, una persona que se identificó como José Juan Benítez solicitó el apoyo de dos policías judiciales para detener a Chávez de la Torre, ya que a su entender era uno de los que habían participado en dicho homicidio ocurrido meses atrás. Fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, con el agravante de que los policías dijeron que había tratado de sobornarlos.

Fue sentenciado sin que la justicia mexiquense tomara en cuenta que el único testigo nunca ratificó su declaración y que hasta la fecha no ha podido ser ubicado. Tampoco que dijo que los policías lo habían presionado para que se declarara culpable y que presentó tres testigos en su descargo, que no fueron considerados.

Ahora, los ministros revisarán, a la luz de este caso, los procedimientos penales desde el momento de la detención hasta que se dicta sentencia definitiva, para analizar la tesis jurídica testigo único, testigo único y para establecer si la búsqueda de la verdad histórica de un hecho delictuoso está por encima de los requisitos legales y constitucionales para recabar pruebas.