La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no conocer el caso de la población de San Ildefonso que demanda ser reconocida como comunidad indígena, no sólo es indignante, sino ejemplo de que los problemas de los pueblos originarios no se escuchan, mucho menos se resuelven, afirmó César Cruz Benítez, presidente de la Organización Ñañú para la Defensa de los Pueblos Indígenas.

Pese a la negativa del pleno de la segunda sala del máximo tribunal de analizar el fondo del asunto, agregó que los habitantes de la localidad, ubicada en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, no nos vamos a cansar. Ya nos enseñaron cómo trabajan los órganos encargados de hacer justicia. Nos tratan como a una papa caliente: nos traen de aquí para allá. Nos dicen que la SCJN no puede conocer nuestro caso, que no es su competencia, y renvían el expediente al mismo tribunal colegiado estatal que nos canalizó.

En entrevista con La Jornada, indicó que están jugando con nosotros y, como siempre, los temas indígenas no tienen espacio en la agenda de justicia. Al presentar el amparo para que nos dieran el reconocimiento de pueblo indígena, afirmó, demostramos con dictámenes antropológicos y con una encuesta ciudadana en la que participaron más de 850 habitantes, que somos una comunidad indígena, donde los habitantes hablamos una lengua nativa y nos regimos por usos y costumbres.

Explicó que, pese a presentar estas pruebas, nos traen de un lado a otro. No nos toman en serio y creen que nos vamos a cansar, pero no es así, y anunció que hoy realizarán un mitin en el Congreso estatal para demandar el apoyo de legisladores locales, con la finalidad de que nuestra demanda sea atendida, porque no vamos a parar hasta que se reconozca a San Ildefonso como pueblo indígena, por lo que también se prevé una movilización a la Cámara de Diputados.

Alejandro Rojas, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, lamentó la decisión de la SCJN y agregó que genera enorme frustración, pues se perdió la oportunidad de que el máximo tribunal conociera el fondo del caso y sentara, por primera vez, un precedente en la interpretación del artículo 2 constitucional para una entidad colectiva, en este caso la comunidad de San Ildefonso, ya que ante la carencia de una ley secundaria que reglamente los derechos constitucionales de los pueblos originarios a su autodeterminación e identidad, en los hechos se vuelven de difícil acceso.

Ante la resolución de la mayoría de los magistrados, porque aclaró que no fue una decisión unánime, se establece que la Corte tiene poco interés en atender la demanda legítima de los pueblos originarios a su reconocimiento, y hace aún más difícil que puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos constitucionales.

A partir de la decisión de enviar el expediente nuevamente al tribunal colegiado estatal, corresponderá a esta instancia conocer el fondo del asunto, sin que su resolución pueda impactar con un precedente a escala nacional. Tendremos que esperar que otra comunidad indígena demande ante la SCJN su reconocimiento para tener una nueva oportunidad de que se establezca un precedente jurídico nacional, concluyó.