El magistrado unitario Jesús G. Luna Altamirano admitió a trámite el recurso de apelación que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) para impugnar el fallo de una juez que el mes pasado absolvió a tres empresarios de una acusación que los señala como probables responsables de haber simulado la quiebra de su compañía, con el propósito de evitar el pago de 104 millones de pesos a la trasnacional Compaq.

Se trata del primer litigio penal que se inicia en tribunales mexicanos por el delito de violación a la Ley de Concursos Mercantiles –en vigor desde 2000–, que lleva cuatro años en los juzgados. Incluso, el juicio ha pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros no entraron al fondo de la controversia.

El mes pasado la juez cuarta de distrito del Reclusorio Oriente, Taissia Cruz Parcero, dictó sentencia absolutoria en favor de Martín Mexia Moreno, Enrique Alejandro Ojeda Cuén y Luis Felipe Bado Ortiz, accionistas de MPS Mayoristas.

En 2003, MPS presentó una demanda para solicitar el concurso mercantil, porque ya no tenía activos para pagar a sus acreedores. El concurso fue declarado ese mismo año.

Las cuentas incobrables de MPS ascendían a 112 millones de pesos, de los cuales 104 millones correspondían a Compaq. El monto con recargos e intereses asciende actualmente a más de 163 millones.

Compaq denunció en 2006 a la distribuidora, al considerar que la quiebra fue una maquinación para no pagar a los acreedores.

Tras abrir la averiguación previa correspondiente, la PGR pidió (en 2007) la aprehensión de los tres empresarios de MPS. Según la acusación, había cuentas incobrables derivadas de 18 préstamos de MPS a sus filiales Sistemas Inteligentes Administrativos y Microcomputadoras, Periféricos y Servicios, que tenían como fecha de vencimiento marzo de 2005, dos años después de la solicitud de quiebra.

El artículo 271 de dicha ley prevé una sanción de uno a nueve años de cárcel a quien agrave el incumplimiento generalizado del pago de obligaciones mediante una contabilidad alterada que impida conocer la verdadera situación financiera de una empresa.

Cruz Parcero absolvió a los acusados, porque estimó que las conductas que señala la PGR como delictivas no agravaron el incumplimiento del pago.

Ahora, la última palabra en este juicio la tiene el magistrado Luna Altamirano, titular del tercer tribunal unitario penal.