Las masacres de migrantes centroamericanos y nacionales en San Fernando, Tamaulipas, son muestra evidente de las graves violaciones a los derechos humanos y la enorme vulnerabilidad de este sector ante el crimen organizado, en un problema donde el Estado mexicano empieza a ser desbordado.

Al presentar el informe de investigación Las políticas de seguridad en México y Estados Unidos y la vulnerabilidad a migrantes: impactos y recomendaciones, coordinado por El Colegio de la Frontera Norte, los investigadores Raúl Benítez y Virginia Ilescas señalaron también que estos asesinatos son apenas la punta del iceberg y que San Fernando no es el único foco rojo en el país, ni tampoco el más inseguro.

Mauricio Farah, ex visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al comentar el documento destacó que ahora el trayecto de los migrantes por el país no sólo se ha pintado de dolor, sino también de sangre, pues todavía hace poco tiempo las violaciones a los derechos de los migrantes eran otras.

Sin embargo, insistió en que es necesario poner el dedo en la llaga, pues mucho tiempo hubo omisión, desinterés, negligencia y apatía de las autoridades mexicanas para atender este problema, exigiendo al gobierno de Estados Unidos una reforma migratoria sin impulsar en territorio nacional un cambio a la Ley General de Población que reconociera también los derechos de migrantes centroamericanos.