La Secretaría de Gobernación (SG) admitió que pudieran estarse dando casos de desapariciones forzadas, aunque no en el número que sugieren el informe preliminar de un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora Castro, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, advirtieron que deben identificarse los casos que sucedieron antes de la transición y esperar el informe definitivo, que se presentará en el seno de la ONU en marzo de 2012.

En conferencia de prensa conjunta, Zamora Castro insistió en que sería una irresponsabilidad dejar a los mexicanos a merced de los grupos criminales, por lo que el Ejército y el Estado mexicano van a continuar con los esfuerzos por una seguridad auténtica, aunque la lucha debe darse en todo momento dentro del marco de la ley.

Sobre el asesinato en Cuernavaca, Morelos, de Juan Francisco Sicilia y varias personas más, el funcionario de la SG dijo que todos los casos deben ser investigados.

Ambos funcionarios se refirieron a la reciente presentación del informe preliminar del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que rebasarían 3 mil, y al reporte de la CNDH sobre 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, además de que la comisión señaló que 8 mil 898 cuerpos no fueron identificados o las causas de muerte no se aclararon. Las cifras fueron desestimadas por los subsecretarios.

De acuerdo con Zamora Castro –quien dijo no tener comentario sobre el tema de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR)–, la CNDH sólo tiene registradas 283 denuncias relativas a desapariciones, 124 ocurridas en 2010. Agregó que los delegados de la ONU recogieron además denuncias de organizaciones civiles, casos que pudieran estar vinculados, dijo, con secuestros –en los que no intervienen autoridades– o simples desapariciones no forzadas, por lo que es necesario mejorar la tipificación del delito de desaparición forzada para contar con cifras precisas sobre una situación que pudiera estar ocurriendo.

Gómez Robledo expresó que en primer término se debe distinguir cuántas de estas situaciones graves se dieron antes de 2006, además de subrayar que la ONU no ha emitido un informe definitivo, que el gobierno mexicano tiene poco más de un mes para responder a las interrogantes de los delegados y que en muchos casos ya hay algún avance en las indagatorias correspondientes.

En la capital de Oaxaca, el gobernador Gabino Cué Monteagudo aceptó la recomendación 01/2009, emitida por la CNDH sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, miembros del EPR, ocurrida el 25 mayo de 2007 en esa ciudad.

Al firmar con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, el convenio para crear la Red de Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado de Oaxaca, el mandatario estatal dijo que pedirá formalmente a ese organismo que proporcione la información necesaria para que su administración coadyuve con la Procuraduría General de la República en el esclarecimiento de los hechos.

Con información de Octavio Vélez Ascencio, corresponsal