Un caso de falsificación o piratería, que tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como la Procuraduría General de la República (PGR) pudieron haber resuelto de manera rápida mediante un pago económico entre los involucrados, se convirtió en un proceso en el que funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), a cargo de Arturo Germán Rangel, han sido denunciados penalmente por diversos delitos, entre ellos obstrucción de la justicia, falsificación de documentos y, según indicios que constan en la visitaduría de la PGR, cohecho.

Este asunto, que se inició en 2007, necesitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que empezara a haber respuesta, aunque los resultados no se han alcanzado, pues la compañía que usó ilegalmente un diseño y reprodujo prendas de manera ilícita no ha pagado los daños que provocó a una empresaria.

La denuncia, por la cual se inició la averiguación previa 398/UEIDDAPI/2010 y luego se convirtió en la base para acusar actos de corrupción y delitos presuntamente cometidos por funcionarios de la PGR, forma parte de las investigaciones que se realizan en esa dependencia, de las cuales La Jornada dio cuenta el pasado 24 de marzo.

La historia consiste en que una empresaria dedicada a la industria del vestido elaboró y registró ante el IMPI el diseño de un uniforme para restaurante. Éste le fue solicitado por una cadena de tiendas departamentales dedicada a la venta de ropa y otros artículos de moda.

Luego de la primera entrega y de ataviar con dicha ropa a personal de restaurantes, el diseño se convirtió en imagen de la empresa, situación por la cual la empresaria exigió que le pagaran derechos de autoría, pero le indicaron que hiciera lo que deseara, pues no iba a obtener nada.

Posteriormente la firma de tiendas departamentales copió los diseños y encargó a una empresa que le fabricara los uniformes, que según las denuncias presentadas realizó y registró María Isabel Jiménez Pérez, quien logró que la CNDH emitiera la recomendación CNDH/I/2010/4142/R, de fecha 25 de enero de 2011.

Según reportes que integran la investigación de la visitaduría de la PGR, a la cual tuvo acceso este diario, tanto en la procuraduría como en el IMPI diversos funcionarios se negaron a investigar lo ocurrido; sin embargo, como la denunciante es también la representante legal, ha sabido construir el caso, hasta demostrar que sus diseños fueron robados, copiados y usufructuados ilegalmente. Empero, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual no han querido proceder. Por ello la intervención de la CNDH.

Entre los involucrados en los delitos de obstrucción de la justicia y otros están Juan Carlos Rincón y Samuel Hernández de Alba, ex titulares de las unidades especializadas en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, quienes fueron dados de baja por no acreditar los exámenes de confianza a principios de marzo pasado.

También se encuentra involucrado Francisco Trejo Antonio, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, así como la agente del Ministerio Público Mercedes Isabel Huerta.