En el primer trimestre de este año se han contabilizado 3 mil 195 ejecuciones. Sólo en marzo fueron mil 130, convirtiéndose así en el mes más violento de 2011. Fueron únicamente 139 casos menos que en el mismo periodo de 2010, año en que más asesinatos presuntamente vinculados con el crimen organizado se han cometido durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Los estados donde han sido reportados mayor número, supuestamente ligados a grupos del crimen organizado o que han ocurrido por enfrentamientos entre autoridades y grupos delincuenciales o entre bandas rivales, son Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas.

Sin embargo, en las últimas dos entidades, según información obtenida por autoridades federales, grupos como Los Zetas y el cártel del Golfo, en muchos casos en que se enfrentan entre sí o contra autoridades, se llevan a sus muertos, por lo que hay casos que no son conocidos por el Ministerio Público del fuero común.

De acuerdo con la base de datos dada a conocer por la Presidencia de la República el pasado 12 de enero (a la cual se cambió el nombre oficial a partir del pasado primero de abril), en el primer trimestre de 2007 se reportaron 518 casos; en 2008, 989; en 2009, mil 955, y en 2010, 3 mil 334.

Respecto de la base de información, el secretariado ejecutivo del gabinete de seguridad nacional, que encabeza Alejandro Poiré Romero, dio a conocer el pasado primero de abril que se cambió el nombre a lo que inicialmente se llamó Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.

Ahora es Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial.

Según el organismo, la modificación tiene el objetivo de evitar que la nomenclatura propicie confusiones o equívocos de carácter jurídico, ya que la información contenida en la base no hace imputación penal alguna, como se señaló en la nota metodológica, desde el día de su publicación, y que “conforme a la ley, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas son las responsables de investigar de origen los casos registrados en la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial.

No obstante, es importante subrayar que la Procuraduría General de la República ha dispuesto de todos los medios a su alcance para coadyuvar con los ministerios públicos locales en todas aquellas diligencias que éstos soliciten para el esclarecimiento de estos casos. Además, se han iniciado los trabajos con las procuradurías locales de manera coordinada para sistematizar la información de los casos competencia del fuero común.