La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso que promovió el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) contra un acuerdo para que se reserven los nombres de los beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales.

Por considerar notoriamente improcedente la segunda sala del alto tribunal desechó la controversia constitucional que interpuso el Ifai en contra de un acuerdo conciliatorio entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para no difundir las identidades de los beneficiarios de la cancelación de más de 700 mil créditos fiscales. El fallo es definitivo.

En octubre del año pasado, la ministra Margarita Luna Ramos ya había desechado el juicio promovido por la presidenta del Ifai, Jaqueline Peschard, pues consideró que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, este órgano no está legitimado para promover este medio de control.

La sala de la Corte confirmó la decisión de Luna Ramos en el expediente 76/2010, por lo que no podrán ser revelados los nombres de quienes se vieron beneficiados por estos créditos fiscales en 2007, y que juntos representan un monto de cerca de 74 mil millones de pesos.

Notarios se dicen preocupados por los niveles que ha alcanzado el tráfico de influencias que involucra a algunos ministro de la Corte. Sin dar nombres, los notarios señalan que algunos de los ministros incurren en conflictos de interés al utilizar su posición para promover negocios personales. Agregan que aunque este tipo de conflictos de interés no es nuevo, lo que sí es nuevo es que antes estos hechos se daban en los estados y ahora han llegado hasta la Suprema Corte.