Ciudad Juárez, Chih., 26 de marzo. Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador especial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, integrantes del Centro de Confianza Ciudadana, académicos, profesionistas, empresarios y activistas elaboraron una propuesta para rescatar la tranquilidad de esta ciudad ante la violencia generada por el crimen organizado.

Todas las instituciones, como las secretarías de Educación, de Desarrollo Social, de Economía y de Salud, así como la Policía Federal deben tener un jefe que mande y sea obedecido, con capacidad de gestión y comunicación inmediata con el Presidente de la República.

En cuanto a la operación policiaca, manifestaron que se requiere voluntad para fortalecer a la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía estatal y la policía preventiva, por lo que urgen agentes recién egresados de las universidades, con sueldos atractivos, prestaciones sociales y laborales.

Mencionaron que hay un principio de compromiso federal de patrocinar la capacitación de 2 mil policías preventivos, que se incorporen al estado y se asignen a trabajar en Ciudad Juárez.

La organización Voz Ciudadana sugirió un modelo de policía de proximidad para las zonas menos conflictivas y exigió que haya un comité ciudadano de vigilancia de esos policías para generar confianza. Criticó que el edil de esta ciudad, Héctor Murguía, debería encabezar esta iniciativa, pero no quiere arriesgar su patrimonio político.

Agregó que la PGR tardó tres años en hacerse cargo de su responsabilidad constitucional de trabajar en Juárez, “que ha multiplicado por 10 su estado de fuerza disponible para la investigación de delitos federales y está reclutando un amplio grupo de egresados de la universidad local como agentes del Ministerio Público.

Si fueran capaces de actuar conjuntamente con la fiscalía estatal, que debe fortalecerse con el respaldo del gobernador, al aumentar plazas necesarias para investigar homicidios y delitos mayores, pudiéramos armar equipos bilaterales de trabajo (...) reduciéndose el 95 por ciento actual en delitos contra la vida, adujo.

Precisó que de efectuar este plan, la Policía Federal y el Ejército podrían reducir su presencia y trasladarse a zonas donde sean más necesarios, con un modelo de recuperación de la paz con participación ciudadana y gubernamental, con respeto al estado de derecho.

“Durante tres años hemos recibido diferentes ofertas para rescatar a Juárez de la barbarie. Todas han fallado. Hemos aprendido que la solución no llega sólo con más policías o soldados, porque el problema de fondo está en la atención a los generadores sociales de la delincuencia y el modelo policiaco preventivo.

El abordaje social no funciona si se hace con modelos y programas que las instituciones federales tienen previstos para combatir la pobreza en el país. Sí hay pobres, pero la violencia en Juárez no viene de la pobreza en general, no estamos condenados a mantenernos en la hiperviolencia mientras haya pobres. En Juárez como en todo México, hay miseria, pero no se vive un estado de anarquía criminal como aquí, manifestaron.

Acotaron que la focalización de acciones debe darse según los rangos de edad que interesa atender y las zonas geográficas que reclaman inmediata atención; abundaron en que el primer gran objetivo consiste en romper la cadena de regeneración de la delincuencia, fenómeno social que se da entre niños de 12 y 13 años.

En una carta pública enviada a La Jornada, miembros de la familia Reyes Salazar dieron a conocer que se encuentran en un lugar seguro del país y que siguen pendientes del avance de las pesquisas por la muerte de seis de sus integrantes, tres de ellos asesinados en febrero pasado.

“Tomamos la decisión de abandonar Juárez por motivos de seguridad. Hoy nos encontramos en un lugar seguro y empezando a acostumbrarnos a un difícil cambio. Es doloroso abandonar una historia de más de 40 años de vida en el valle y Ciudad Juárez.

Aun con nuestra partida seguiremos al pendiente de las investigaciones de los crímenes cometidos en contra de la familia y atenderemos las diligencias que la autoridad nos solicite. Nuestra partida obedece exclusivamente a la necesidad de encontrar la seguridad que en Chihuahua no hemos obtenido, expresaron.

Afirmaron que quieren a México y no es fácil dejarlo, pero si las condiciones no nos favorecen habremos de viajar a otro país donde encontremos la posibilidad de establecernos y trabajar honestamente, como siempre lo hemos hecho y salir adelante con los hijos y nietos que hoy necesitan una vida normal.

Agradecieron a las personas y organizaciones que les han acompañado y reconocieron el apoyo de los medios de comunicación que cumplieron con su labor, al informar sobre el caso.

La familia Reyes salió de Juárez debido a la muerte de seis de sus miembros a manos de presuntos miembros del crimen organizado; uno de ellos, en 2009, dos más, en 2010 cuando mataron a Josefina Reyes y Rubén Reyes. Salieron en febrero pasado, tras el funeral de los hermanos Malena y Elías, así como de Luisa Ornelas, esposa del segundo.