Las violaciones de derechos humanos que propicia la figura del arraigo y los efectos negativos que está causando la guerra contra el narcotráfico en la seguridad ciudadana serán abordados en la próxima audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a realizarse mañana, y a la cual asistirán como peticionarias diversas organizaciones civiles mexicanas.

Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó en entrevista telefónica con La Jornada desde Washington que ambos temas ocupan un lugar central en la agenda de derechos humanos del país, derivados de la actual estrategia del gobierno para combatir al crimen organizado.

Desde hace varios años, Naciones Unidas le había recomendado a México que derogara el arraigo por ser inconstitucional, pero ya fue legalizado y ahora es una figura que se utiliza con toda arbitrariedad y repercute en la violación a la integridad personal de los arraigados, por incomunicación, torturas o falta de garantías procesales, señaló la especialista.

Este recurso legal, pese a haber sido incorporado a la Constitución, sigue violando diversos acuerdos internacionales suscritos por el país, entre ellos las convenciones Americana de Derechos Humanos e Interamericana para Prevenir la Tortura.

En la segunda audiencia, añadió, las organizaciones civiles mexicanas le informarán a la CIDH sobre los efectos contraproducentes que ha generado la guerra contra el narcotráfico en la vida cotidiana de las personas.

La seguridad ciudadana es un derecho humano, que desafortunadamente es entendida por el Estado como un privilegio, o como una cuestión que sólo le pertenece a las autoridades. Cada vez hay más saldos negativos y no vemos que haya una respuesta adecuada a este flagelo que todos sufrimos en México, lamentó.

Los más de 35 mil muertos que ha dejado la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, sumados a los miles de desaparecidos y al involucramiento en dichos ilícitos de las fuerzas de seguridad, son el marco en el que se produce esta audiencia pública, y que ocupan un lugar destacado en un informe reciente de la propia CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.

Lo que queremos es documentar casos representativos de esta lamentable situación, y que la CIDH supervise la actuación del Estado mexicano y lo inste a repensar sus políticas de seguridad en beneficio de la ciudadanía, apuntó Nuño.

Luego de las audiencias del lunes sobre ambos temas, el objetivo de las organizaciones es promover una visita de la CIDH al país, ya que la más reciente que realizaron delegados de ese organismo fue hace cuatro años.

Un día después, habrá foros en donde se expondrán dos asuntos también relacionados con México: la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, y la situación de los derechos humanos de los migrantes en la frontera sur del país.