El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, el panista Felipe González, reconoció que pese a los esfuerzos que realiza el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército, no se ha logrado disminuir y mucho menos erradicar de manera significativa la producción de drogas como la mariguana y amapola, y se estima un incremento anual de 200 por ciento en la superficie dedicada a la siembra de cultivos ilícitos.

Por esas razones el senador González presentó una iniciativa para reformar las leyes de Desarrollo Rural Sustentable, de Desarrollo Forestal Sustentable y Agraria, con la finalidad de establecer las bases jurídicas para implementar un sistema nacional de reconversión de cultivos de uso ilícito, a partir de un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno con la participación de la sociedad organizada.

Subrayó que la erradicación de los cultivos ilícitos debe llevarse a cabo por las fuerzas del Estado sin vulnerar los derechos humanos ni afectar el medio ambiente y cumpliendo los tratados y convenciones internacionales.

En el texto de la iniciativa, González refiere que México es considerado uno de los países más importantes en materia de origen y tránsito de drogas ilícitas, donde la erradicación de plantíos y el decomiso de drogas, sobre todo de amapola y mariguana, no han tenido el impacto que se necesita para inhibir su producción y consumo.

Refirió que por cada hectárea fumigada se siembran tres, por eso se estima un incremento de 200 por ciento en la superficie que se destina a la siembra de esos cultivos. Incluso, abundó, “se afirma que la mayoría de los cultivos fumigados han vuelto a resurgir en 30 por ciento de los casos, a raíz de que los cárteles mexicanos vuelven a trabajar la tierra cuando los militares o los cuerpos policiacos se van después de destruir los plantíos”.

La información disponible para 2009 señala que sólo ese año la superficie donde se produce la droga aumentó 35 por ciento, lo que equivale a cerca de 12 mil hectáreas, incrementándose además a 3.5 millones las personas que probaron alguna droga en el país, y de éstos 600 mil se han convertido en adictos.