La visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) integra el expediente DG11/135/ DF/2011 contra Juan Carlos Rincón Sánchez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y Samuel Hernández de Alba, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

Ambos ex funcionarios –despedidos a principios de mes por no acreditar los exámenes de confianza– son investigados por la PGR, que dirige Arturo Chávez Chávez, por no cumplir, retrasar y perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público Federal (MPF) y omitir las prácticas de las diligencias necesarias para obtener órdenes de aprehensión por el fraude y quebranto patrimonial cometido contra la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) por parte de constructoras y sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles), y el daño patrimonial causado a por lo menos 50 mil familias que habitan en municipios del estado de México en viviendas sobrevaluadas y en mal estado.

Además, en otro procedimiento, la visitaduría de la PGR efectuó las diligencias ministeriales en que se notificó su calidad de indiciados a Juan Carlos Rincón Sánchez y Samuel Hernández de Alba, los pasados 16 y 17 de marzo, respectivamente.

De acuerdo con fuentes ministeriales que han tenido acceso a las pesquisas, los ex funcionarios se reservaron su derecho a declarar y sólo escucharon que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho.

Funcionarios consultados indicaron que se investigan al menos cuatro cuentas bancarias (una de Rincón y tres de Hernández) que fueron congeladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a petición del MPF.

En tanto, funcionarios de la visitaduría realizan inspecciones en los departamentos adscritos a varias unidades de investigación de la PGR, que incluyen un inventario general de los equipos de cómputo y papelería que utilizan los servidores públicos.

Acerca del caso que involucra la construcción y venta de inmuebles, La Jornada posee copia de los argumentos del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna que dieron origen al expediente iniciado contra los ex servidores públicos de la PGR y por los cuales se ordenó la comparecencia de varias personas para que aporten pruebas que acrediten que Rincón Sánchez y Hernández de Alba, así como al menos diez funcionarios más que laboran en la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales, cometieron actos ilícitos al no investigar el quebranto a una entidad federal, como la SHF.

En sus alegatos, el frente señala que fondos de vivienda para trabajadores del Issste , que también cotizan en el Infonavit, fueron aplicados en forma irregularmente por sociedades como Hipotecaria Nacional Bancomer, Hipotecaria Su Casita y Crédito y Casa, entre otras constructoras de unidades habitacionales.

En el expediente se menciona que los ex funcionarios de la PGR actuaron ilícitamente al “no investigar los delitos cometidos por Javier Gavito Mohar, director general de la SHF, y Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, director general adjunto jurídico y fiduciario de la misma institución, a quienes se les imputa no investigar como banco de desarrollo y dar parte al MPF de la comisión de delitos graves que se siguen de oficio, por el fraude cometido por las Sofoles contra las familias que integran el frente, de acuerdo con el expediente DG11/135/DF/2011.

Realiza investigaciones contra varios ex funcionarios involucrados en corrupción

Alfredo Méndez

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este jueves que la visitaduría general realiza inspecciones en todas las áreas de la dependencia contra varios funcionarios involucrados en actos de corrupción y que las pesquisas han llevado, hasta el momento, a la destitución de Juan Carlos Rincón Sánchez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y Samuel Hernández de Alba, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

En respuesta a la información difundida el día anterior por La Jornada acerca de que la PGR indaga una cadena interna de corrupción en la que están involucrados altos funcionarios, la visitaduría emitió un comunicado para dar detalles sobre las pesquisas:

La visitaduría general lleva a cabo inspecciones de evaluación técnico-jurídica y supervisión de las siguientes unidades de la institución: Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial y Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores y contra la Administración de Justicia.

Sin mencionar nombres de los implicados, agregó que adicionalmente la visitaduría “integra averiguaciones previas originadas por denuncias anónimas en las que se atribuyen ilícitos cometidos por servidores públicos de dichas unidades, en las cuales se recaban los elementos probatorios necesarios para determinar si efectivamente existen conductas que puedan ser constitutivas de delito, o bien de responsabilidades administrativas.

La visitaduría trabaja, investiga y evalúa el desempeño de las diferentes áreas de la institución, entre ellas de las unidades especializadas, por lo que lleva a cabo inspecciones y visitas a cada una de ellas, y en su momento rendirá un informe para que se apliquen los correctivos o las sanciones de servidores públicos que hayan incurrido en alguna responsabilidad, puntualizó.

La Jornada informó en su edición de ayer que la PGR investiga, entre otros altos funcionarios, al subprocurador Arturo Germán Rangel, a varios jefes de unidades especializadas y directivos de áreas de la dependencia, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones.

En respuesta, la PGR indicó que independientemente de las acciones de la visitaduría, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, en uso de las facultades que le concede el artículo 19 de la ley orgánica de la institución y como parte del programa de control de confianza sobre altos mandos, determinó remover a Juan Carlos Rincón Sánchez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, así como a Samuel Hernández de Alba, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en atención a que, practicados sus procesos de evaluación de control de confianza, resultaron no aprobatorios.