Para este año se asignó un presupuesto de apenas 636 mil 740 pesos a las tareas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que incluyen las agresiones a periodistas y medios de comunicación, según informó la Procuraduría General de la República (PGR) al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Este órgano le ordenó a la PGR entregar en forma desglosada datos de cómo se han aplicado esos recursos; la información debe proporcionarse en respuesta a los siguientes rubros: asignación por unidad administrativa, metas, subprogramas y actividades. Sobre este último punto, se solicitó información específica de las denuncias atendidas, las averiguaciones previas y actas circunstanciadas, los procesos iniciados y concluidos, las medidas cautelares, entre otros datos.

México ocupa el noveno lugar mundial en materia de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, según registros de la organización Artículo 19. Esa asociación civil, especializada en el tema, destacó que sólo en el primer semestre de 2010 se registró el asesinato de seis periodistas, así como seis ataques contra medios de comunicación y un informador desaparecido.

Sobre el asunto, la relatora especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, observó el año pasado que en México hay una crisis de protección a periodistas a todas luces grave (y) ni siquiera hay informes sobre los procesos judiciales que se iniciaron y siguen para perseguir y castigar esas agresiones.

La orden del Ifai obedece a la solicitud de un ciudadano que se quejó ante el órgano garante de la transparencia porque, si bien la PGR le entregó el informe que esa fiscalía dio a conocer a la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, el año pasado, la información requerida no se encontraba en el documento.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), obtenidos por La Jornada, a la Procuraduría General de la República se le asignó un presupuesto de 11 mil 997.8 millones de pesos para ejercer este año. De ese total, 71.8 por ciento (8 mil 616.4 millones) se destina al pago de servicios personales, 27.5 por ciento a gastos operativos (3 mil 304.4 millones) y el resto a otros gastos corrientes (40.4 millones de pesos).

Según da a conocer la Secretaría de Hacienda en su Análisis funcional programático económico, 84.4 por ciento (10 mil 131.2 millones de pesos) del total de recursos asignados a la PGR, se destina a la investigación del delito federal.

De ese total, precisa la dependencia, 70 por ciento es para el pago de servicios personales (salarios, prestaciones, etcétera) y 29.4 por ciento (2 mil 969.5 millones de pesos) se asigna al gasto de operación.

Según respuesta que la oficialía mayor de la PGR dio al Ifai, la dependencia carece de los datos a detalle de cómo se gastan los 636 mil 740 pesos asignados a la fiscalía referida. Sin embargo, la comisionada ponente del recurso 638/11, María Elena Pérez-Jaén, ordenó efectuar una búsqueda exhaustiva en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría, y en caso de no encontrar la información se tendrá que hacer la declaratoria oficial de inexistencia de datos.