La juez federal Blanca Lobo hará público este lunes que negó la suspensión definitiva del documental Presunto culpable solicitada por Víctor Manuel Reyes, testigo de cargo contra el protagonista del filme, quien se dice agraviado con la exhibición de la película, revelaron fuentes judiciales cercanas a la juzgadora. Los argumentos del fallo que se notificará hoy a las partes del litigio son diametralmente opuestos al que emitió Lobo tres semanas atrás, cuando concedió la suspensión provisional.

En la primera ocasión la juez otorgó una suspensión provisional a Reyes, quien alegó que su vida privada había sido afectada tras aparecer en el filme. El documental dejó de exhibirse varias horas en acatamiento a la orden de Lobo. En la actual determinación, la misma juez ponderó los derechos colectivos de la sociedad mexicana, entre ellos el derecho constitucional a la información, que están por encima de los derechos de particulares.

Desde el pasado viernes por la noche, la impartidora de justicia dejó lista la resolución que firmará en los primeros minutos de hoy, en la que se resuelve negar la protección definitiva a la parte quejosa, prácticamente bajo los mismos argumentos que estableció un tribunal colegiado la semana pasada, indicaron las fuentes consultadas.

A decir de Jorge Reyes Peralta, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas (ANAP), si se toman como referencia casos anteriores, es muy poco probable que esta mañana la juez Lobo opte por cambiar su decisión, aunque teóricamente puede hacerlo, pues aún no hay una resolución firmada.

En entrevista con La Jornada, el jurista que encabeza la única agrupación de litigantes especializados en derecho penal que tiene registro a escala nacional sostuvo que desde un principio la juez patinó feo al otorgar una suspensión provisional a un individuo, so pretexto de tutelar sus derechos privados, pues la juez debió proteger derechos colectivos y sociales, como lo son el derecho a la información y a la expresión cultural de las ideas, consagrados en los artículos 4, 6 y 7 de la Carta Magna.

El pasado 8 de marzo, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional que pesaba sobre el documental Presunto culpable.

Por ponencias de los magistrados Emma Margarita Guerrero Osio y Rubén Pedrero Rodríguez, el colegiado canceló la suspensión dictada por la juez Lobo.

Los magistrados determinaron en forma unánime que la suspensión provisional que había otorgado la juez Lobo causaba perjuicio al interés social y contravenía disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información que garantiza.

Además, los magistrados consideraron que este derecho goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en una pieza básica para el funcionamiento de una sociedad democrática.