San Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de marzo. Al término del Foro de Diálogo de Paz y Desarrollo Regional con Desplazados Internos, el director de la Oficina de la ONU en Chiapas, Óscar Torrens, hizo una valoración positiva de los debates, la participación de las agencias de la ONU en la entidad y de las organizaciones de la sociedad civil, tanto las que representan a la población desplazada como las que trabajan con este sector. Junto a Magdy Martínez Solimán, coordinador residente de la ONU en México y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, destacó la importancia del paso que ha dado el gobernador de la entidad al presentar una iniciativa legislativa al Congreso en esta materia.

La propuesta del gobernador Juan Sabines es un avance innovador en México, dijo el señor Torrens. Naturalmente, habrá propuestas para enriquecer la iniciativa, en materia de participación de la sociedad civil, creación de un organismo público para la atención y protección de la población desplazada con presupuesto propio, y definición jurídica del concepto de desplazado. Éste habrá de responder a las normas internacionales sobre la materia, en particular las recomendaciones del relator especial, el señor Francis Deng. En su reunión con el señor Magdy Martínez Solimán, expresó la importancia de confeccionar un padrón o registro de personas y comunidades desplazadas para permitir una acción más eficaz de los poderes públicos.

El representante del PNUD en México expresó que el avance legislativo en Chiapas va a marcar un nuevo umbral de protección y defensa de derechos humanos a escala nacional, ya que es la primera vez que se reconoce la condición de persona desplazada en todos los Estados Unidos Mexicanos. Ello es, en opinión del PNUD, un aterrizaje oportuno de las recomendaciones internacionales sobre la materia, en particular de los Principios Rectores de las Personas Desplazadas de la ONU. Las agencias de la ONU ofrecerán al gobierno y al Congreso del estado trasladar las propuestas de la sociedad civil durante el proceso del debate legislativo, y asimismo hacer una lectura técnica de la iniciativa de ley a la luz de los mandatos internacionales.

Es de capital importancia el reconocimiento de la responsabilidad del estado hacia la población desplazada de manera forzosa, lo que redundará en la protección de sus derechos humanos por el gobierno chiapaneco, dijo el señor Martínez Solimán.

Torrens, por su parte, abundó en las propuestas desarrolladas por la mesa de especialistas liderada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y conformada por académicos especialistas del Instituto Mora, la UAM, la UNAM y el CIESAS Chiapas, establecida con el objetivo de fijar líneas estratégicas y estándares mínimos nacionales e internacionales para la elaboración de marcos jurídicos que den protección a la población en situación de desplazamiento.