El aborto debe considerarse un problema de salud pública, toda vez que es un problema prevenible, de equidad, y que por su dimensión impacta la salud de las mujeres, los costos, y a todo el sistema de salud, consideró Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, AC.

Cinthya Velasco, directora de Formación y Movilización de Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC, señaló que el aborto es un problema de salud pública debido a que su penalización orilla a las mujeres a practicarlo en condiciones de clandestinidad e inseguridad.

La práctica del aborto por parte de personal con poco conocimiento técnico hace que un proceso sencillo, que es incluso ambulatorio, se convierta en un problema de muerte materna. Cuando el Estado garantice que los servicios de aborto sean seguros y permanentes, dejará de ser un problema de salud pública, afirmó.

Schiavon aseguró que no se podrá reducir la mortalidad materna, el embarazo no deseado ni el aborto incentivado mientras no haya inversión con decisión política clara en anticoncepción.

Proporcionar servicios de prevención y acceso a anticoncepción es responsabilidad del Estado, y no es éticamente justo que éste penalice a las mujeres jóvenes y ponga en riesgo su vida al practicarse un aborto en condiciones inseguras, cuando no le proporciona los medios para prevenir un embarazo, apuntó la especialista.

La ginecóloga detalló que el fenómeno de aborto inseguro impacta mucho más en poblaciones marginadas, como las mujeres jóvenes, poblaciones rurales e indígenas y en general las de menor acceso a servicios de salud e información.

A su vez, Velasco explicó que las jóvenes se embarazan a temprana edad porque no cuentan con educación sexual, padecen violencia de género que coarta el ejercicio de sus derechos reproductivos y no tienen acceso a métodos anticonceptivos.