La reforma constitucional en materia de derechos humanos recién aprobada en el Senado de la República representa un avance significativo en la defensa de las garantías individuales de los mexicanos, pero aún tiene algunos aspectos que no resultan del todo satisfactorios, advirtieron activistas de organizaciones civiles.

Jaime López Vela, presidente de Agenda LGBT, señaló que el término preferencias sexuales, incluido en el texto final de la iniciativa, no atiende las peticiones de los grupos de diversidad sexual, ya que es ambiguo y no está en concordancia con los avances científicos y jurídicos de la actualidad.

El concepto adecuado para abordar estos temas, dijo, es el de orientación sexual e identidad de género, que implica el reconocimiento de ambos factores como parte de la condición humana, y por ende, como susceptibles de inclusión en la Carta Magna.

“La ausencia de una educación formal sobre sexualidad es la que sigue causando todos estos estragos, porque al hablar de ‘preferencias sexuales’ parece que sólo nos referimos a la homosexualidad, y eso es desinformación”, apuntó.

La aprobación de la iniciativa ciertamente constituye un avance de manera general, pero al final sigue dejándonos fuera y perpetuando la discriminación y la homofobia, más aún en el caso de las personas transexuales o transgénero, motivo por el cual diversos colectivos promoverán cambios inmediatos a la reforma, con el apoyo de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

Por su parte, Enrique González Ruiz, miembro de la comisión de intermediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), consideró que las reformas son un paso positivo, aunque en ellas no se mencionó nada sobre la desaparición forzada.

Ésa es una primera gran laguna, y la segunda es que cuando se pensaba que se iban a ampliar las facultades de las comisiones de derechos humanos, eso tampoco ocurrió en serio. En lo que se refiere a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, vamos a seguir insistiendo, y ojalá que en la Cámara de Diputados se discutan estos elementos, afirmó.

Para resolver este tipo de delitos de lesa humanidad, añadió, la Constitución debe reconocerlos y brindar instrumentos reales para investigarlos.

Por otra parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Senado tiene elementos muy positivos e importantes y resaltó entre ellos el hecho de que marca el rumbo al pleno ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa para todos los mexicanos, da un lugar destacado en el ordenamiento constitucional a la persona, la vida, el matrimonio y la familia, y tiene un sentido humanista.

Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM, y Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general del organismo eclesiástico, resaltaron que conforme a lo aprobado, los obispos del país también hacemos votos para que en lo inmediato nuestros legisladores ajusten el orden jurídico mexicano para el pleno reconocimiento de los derechos humanos de cada persona en México, a la libertad religiosa y a la vida, así como la debida protección al matrimonio entre varón y mujer, y de las familias mexicanas, siempre en respeto al derecho internacional de los derechos humanos.

Sin mencionar lo que indica el artículo primero constitucional sobre el respeto a las preferencias sexuales, la CEM aseguró que los cambios hechos por los legisladores abonan a la cultura y la convivencia entre los mexicanos.