l fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ordenó ayer una investigación interna por el operativo Rápido y furioso, realizado por la Oficina de Control de Armas (ATF, por sus siglas en inglés), y que consistió en solapar el ingreso de miles de armas de fuego a nuestro país con el supuesto fin de rastrear a grupos de la delincuencia organizada que operan al sur del río Bravo.

El episodio comentado puso al descubierto la participación de funcionarios estadunidenses en un delito de suma gravedad –el tráfico ilegal de armas a México–, en un momento en que el país enfrenta un baño de sangre ocasionado, en buena medida, por la incapacidad del gobierno estadunidense por controlar el flujo de armamento hacia México. La pesquisa anunciada ayer por Holder constituye una medida de obvia necesidad, pero resulta exasperante que el gobierno mexicano no haga otro tanto: hasta ahora, y a pesar de la gravedad del episodio, la administración calderonista se ha limitado a pedir una explicación a la estadunidense, y ha dicho que el gobierno de México seguirá con especial interés las investigaciones anunciadas tanto por la ATF como por el Departamento de Justicia del vecino país, según consta en un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado sábado. Preferible a esos señalamientos habría sido que las autoridades nacionales emprendieran, desde un inicio, investigaciones propias, que fincaran cargos contra los funcionarios estadunidenses involucrados y que adoptaran, en suma, las medidas necesarias para esclarecer y sancionar un delito que se cometió en México, y cuyos responsables deben, por consecuencia, ser juzgados con apego a las leyes nacionales.

La ausencia de esas acciones exhibe una claudicación del gobierno mexicano a la facultad soberana e irrenunciable de procurar justicia dentro del propio territorio, así como una abdicación de los deberes institucionales del Estado ante las autoridades de Washington, las cuales han mostrado una actitud más que remisa e indolente en el combate al flujo de armas a nuestro país: ahora, con el operativo comentado, ese gobierno se ha erigido en proveedor y hasta en cómplice de las organizaciones criminales que operan en México.

La circunstancia descrita constituye, en suma, una razón adicional para que el país abandone la estrategia de seguridad promovida por Estados Unidos al sur de la frontera, y adoptada por la administración calderonista en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada y de la Iniciativa Mérida: dicha política no sólo ha sido ineficaz en su objetivo y ha generado efectos contraproducentes para el país, sino también ha implicado claudicaciones inaceptables a la soberanía nacional; ha puesto de manifiesto el doble discurso de Washington en su supuesto compromiso de combatir al narco y erradicar la violencia, y ha hecho que amplios sectores de la opinión pública se cuestionen no sólo la procedencia de dicha estrategia antinarco, sino también su veracidad.