La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra del Reglamento de la Ley General de Población, que prevé, entre otras disposiciones, la expedición de la cédula de identidad.

Los diputados exigen al Ejecutivo suspender el proceso de expedición del documento (iniciado el pasado 24 de enero), en tanto se alcanza un acuerdo sobre la forma en que se garantizará la confidencialidad de los datos personales.

Los legisladores impugnaron el decreto –publicado el 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación– por considerar que el Ejecutivo federal invadió la esfera de influencia del Poder Legislativo, al extralimitarse en la facultad reglamentaria que le concede la Carta Magna.

En tanto, para reforzar su proyecto, el Ejecutivo incrementó el cabildeo para obtener el visto bueno de grupos de la sociedad civil, así como de organismos públicos nacionales e internacionales.

El presidente Felipe Calderón dará en breve el banderazo oficial de la expedición de la cédula, en un acto al cual serán llevados niños y padres de familia.

El primer sector de la población elegido para este registro es el que tiene entre cuatro y 17 años de edad.

Aun sin el banderazo oficial, el proceso –a cargo del Registro Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación– comenzó en tres entidades: Baja California, Guanajuato y Colima.

El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia admitió la controversia, cuya demanda está dirigida al Presidente de la República, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, y deja fuera del caso a los integrantes del gabinete que firmaron el decreto. La Cámara de Senadores está considerada como tercera perjudicada.

Ortiz Mayagoitia dio un plazo de 30 días habiles para que las partes involucradas aleguen lo que a su derecho corresponda.

El titular de Gobernación, Franciso Blake, se reunió el martes pasado con representantes de organizaciones y dependencias públicas y privadas –entre ellos la titular del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Peschard; el embajador de la Organización de Estados Americanos, Óscar Maúrtua, y el presidente del consejo directivo de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Juan José Pastrana–, con quienes abordó el tema de la controversia constitucional.

El subsecretario de Población de Gobernación, René Zenteno, responsable del proceso de expedición, aseveró que la cédula de identidad personal cuenta con la aceptación de los padres y tutores.