La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer –por tres votos a dos– el proyecto de dictamen en el que el ministro José Ramón Cossío amparaba a ocho empresas generadoras de energía en contra del artículo 56, fracción segunda, inciso E del decreto de la Ley Federal de Derechos que establece las cuotas que deben pagar las compañías eléctricas por el pago del derecho de supervisión.

La mayoría consideró que la prestación del servicio eléctrico es un bien público que debe ser regulado por el Estado, el cual tiene la facultad de imponer las cuotas correspondientes.