Hay abuso del fuero militar y los excesos del Ejército están impunes, dice el ex ombudsman
Se acusaba al Revolucionario Institucional de negociar la ley, pero ahora no se cumple
Lunes 7 de marzo de 2011, p. 22
José Luis Soberanes Fernández, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex ombudsman nacional, sostiene: El presidente Felipe Calderón tiene responsabilidad política por haber iniciado esta guerra o combate, como le llamó después, sin saber adónde iba. Ahora vemos más de medio país en llamas, el narcotráfico no disminuye y la violencia aumenta
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Abogado constitucionalista e investigador del IIJ, Soberanes Fernández insiste: Hay responsabilidad jurídica del titular del Ejecutivo por haber sacado al Ejército a las calles y utilizarlo en asuntos que no le son propios. No se está ganando la batalla al crimen organizado ni se está respetando el estado de derecho, pues bajo el pretexto de que se combate al narcotráfico se hace al margen de la ley
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Entrevistado en su cubículo del IIJ, asevera: La utilización del Ejército para la persecución del delito es algo muy cuestionable. Hay uso y abuso del fuero militar, y todos los atropellos que los militares cometen se quedan en la impunidad
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Advierte: “De todo ello –abusos, violaciones a derechos humanos y asesinatos de civiles–, más tarde que temprano se tendrá que responder. ¿Quién responderá por los más de 35 mil civiles muertos en esta lucha? Lo vi muy claro con el tema de la denominada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80. Finalmente salió, y todo. Aquí hay muchísimos más elementos para documentar todos los excesos que finalmente llevan al rompimiento del estado de derecho”.
El jurista considera que “antes de que Calderón tomara esa decisión –utilizar al Ejército en tareas policiales–, había una cuestión que debía atenderse: la corrupción, que es un cáncer social. Lo peor del caso es que no se quiere combatir. Se han anunciado algunas medidas y se ve que no están interesados en aplicarlas.
Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, la antigua Contraloría, debería ser un órgano independiente del Estado. El hecho de que sea el propio Ejecutivo el que investiga da cuenta de los pobres resultados. La Función Pública es juez y parte.
–¿Cómo evalúa la situación del estado de derecho durante el gobierno de Calderón?
–Hay quebranto. Se piensa que la ley se puede cumplir o dejar de cumplirse, y que si no se hace no hay consecuencias. Ahí es cuando el estado de derecho está en peligro. Antiguamente se acusaba al Partido Revolucionario Institucional de negociar la ley, pero ahora no solamente es eso, sino que no se cumple.
–El Presidente podría argumentar en su favor que la Corte avaló que el Ejército realizara tareas policiales.
–Aquí hay una responsabilidad política. ¿Por qué lo hizo sin saber adónde iba? Montó al país en un camino que nadie sabía, empedrado de buenas intenciones, y nada más. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El hecho de que la Corte haya autorizado la salida del Ejército para combatir al crimen organizado no es patente de corso. Ahí están documentadas un sinfín de atropellos a los derechos humanos: torturas, violaciones sexuales, lesiones y homicidios. Alguien tiene que responder por ello. Ahorita ya van más de 35 mil muertos. Y qué, ¿nadie responde por ello? Ahí tiene que haber responsabilidad legal.
–Funcionarios del gobierno dicen que la mayoría de los muertos son narcotraficantes.
–Pero si no sabe ni cómo se llamaban. ¿Cómo van a saber que son narcos? Muchos son policías o ex policías. Si no han realizado las investigaciones adecuadas, ¿cómo dicen que son narcotraficantes?
–¿Quién debe hacer los llamados al Ejecutivo para que respete el estado de derecho?
–Muchos. El Poder Judicial, los partidos políticos, las universidades, las agrupaciones ciudadanas. Muchos tendríamos la obligación de llamar a su cumplimiento. Si no, nos estamos volviendo cómplices.
–¿Cómo ve la relación de Calderón con el Congreso?
–De confrontación permanente. No lo ve como parte del Estado ni como dos poderes autónomos, sino como enemigo a vencer. No hay interés por llegar a acuerdos. Hay una frase muy sobada: los acuerdos necesarios
, pero lo que vemos es que el Presidente envía sus iniciativas sin antes negociarlas. A lo mejor es cola y pega. Y si no, lo hace para evidenciar al Congreso, al que acusa de no querer legislar. Parece que las iniciativas sólo se envían con el propósito perverso de que no pasen.
–¿Y la relación de Calderón con el Poder Judicial?
–Poco clara. Se ha visto en algunos amparos muy delicados que cuando la Corte dice que algo está mal, si no le conviene al Ejecutivo, vienen las críticas. Lo estamos viendo ahora con la suspensión de la película Presunto culpable, en la que el Ejecutivo ha contestado con denuestos.
–Ante ese panorama, ¿cómo evalúa la disputa entre los monopolios?
–Hay ausencia del Estado. La ley no se aplica, y el resultado es que ésta es objeto de negociaciones. Cuando no se respeta acaba revirtiéndose y terminamos en un régimen sin derechos. Ahí está lo que ha publicado La Jornada con los cables de Wikileaks. Estados Unidos no toma en serio al gobierno de México, y hace lo que quiere. Si nuestros principales socios no toman en serio a nuestro gobierno, ¿quién nos va a defender? Hace mucho tiempo que los estadunidenses perdieron el respeto al gobierno mexicano. Y cuando tenemos un gobierno débil, difícilmente va a poder cumplir con sus funciones.
–¿Adónde lleva al país un gobierno débil?
–A las dictaduras. Cuando existe falta de gobierno la sociedad clama por un gobierno fuerte, y ahí están las dictaduras. Cambian estado de derecho por estado de excepción.
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