En 2007, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 711 mil 626 créditos fiscales por casi 74 mil millones de pesos. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) exigió a la Secretaría de Hacienda hacer públicos los nombres de los beneficiarios de esta medida, lo cual desató uno de los mayores conflictos entre ambas instituciones.

El órgano recaudador argumentó ante la Cámara de Senadores que resulta muy oneroso cobrar adeudos fiscales de poca monta. Hasta ahí tiene lógica. El problema es que se aprobaron 74 mil millones de pesos ¡en perdones!, esto es, una cantidad que el erario dejó de recibir. Y la pregunta del ciudadano es: ¿de veras tanto dinero resultaba incobrable? ¿quién cupo en ese perdón?, reseña la comisionada María Marván.

Para demostrar que los beneficiados eran puros causantes chiquitos, el SAT publicó alguna información sobre el particular y se detectó la existencia, en la operación, de grandes contribuyentes.

La pregunta al SAT fue: ¿quiénes son éstos? Y demuéstrame que ya no tenían bienes, que sus adeudos eran incobrables y se habían ido a concurso mercantil. El instituto determinó el interés público en la solicitud. El SAT primero impugnó la determinación del Ifai ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Posteriormente, tres de los beneficiados acudieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para pedir que prohibiera al SAT dar a conocer sus nombres.

El ombudsman concilió y ordenó al SAT no dar a conocer a los causantes beneficiados... y el Ifai, bien gracias; aquí en su casa, dice Marván. Y lo más que hacen es girar una copia al instituto. Por ese hecho, en octubre del año pasado, el Ifai presentó una controversia constitucional por actos de la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aún está en curso.