Si el PAN, que es el partido del gobierno, rechaza finalmente la reforma constitucional en materia derechos humanos, sería una pésima señal a escala internacional, sobre todo porque somos un país muy cuestionado en el exterior por las constantes violaciones a garantías fundamentales derivadas de la lucha contra el crimen organizado, advirtió el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales agregó que se trata de una reforma que moderniza la Carta Magna, la pone al día con las tendencias del derecho internacional sobre protección de garantías fundamentales, por lo que va a ser muy mal visto en el país y el exterior si esa legislación se frena por opiniones prejuiciosas u otros motivos.

Los senadores del PAN se reunirán este lunes para definir si avalan o no la reforma que quedó en primera lectura el jueves pasado. El coordinador del PT, Ricardo Monreal, denunció que la intención de los panistas es anular esa legislación, y no sólo por la mojigatería de algunos de los blanquiazules a los que asusta que el término preferencias sexuales se establezca en la Carta Magna.

Monreal comentó que teme que la decisión de frenar esa reforma venga desde el Ejecutivo federal y se deba a asuntos más de fondo, como reconocer a nivel constitucional los derechos contenidos en todos los tratados internacionales signados por México o por la modificación al artículo 29 de la ley suprema, donde se establece una normatividad precisa en torno a los derechos elementales que no podrán suspenderse ni en caso de estados de excepción o de suspensión de garantías.

El petista agregó que el malestar puede provenir del temor de Calderón de que él y los integrantes de las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas pudieran ser juzgados en tribunales internacionales por la violación de derechos de la población durante su guerra contra el narcotráfico.

De otra forma no se explica, dijo, las objeciones que le han hecho a esa minuta que reforma 11 artículos constitucionales, además de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar mayores facultades y dientes a ese órgano, a fin de que sus resoluciones sean acatadas. Se prevé que el Senado llame a cuentas a aquellos funcionarios que se nieguen a cumplir con ello.

La reforma se aprobó por primera vez en la Cámara de Diputados en abril del 2009 y fue luego enriquecida en el Senado con una iniciativa que el panista Santiago Creel presentó.