Es urgente una respuesta popular, porque el presidente Felipe Calderón sigue traicionando los intereses nacionales, al iniciar la entrega acelerada de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las trasnacionales, en medio de la sumisión absoluta a los intereses de Estados Unidos en materia de energía, advirtió Manuel Bartlett Díaz.

La decisión de lanzar abiertamente a Pemex a la privatización para que empresas extranjeras puedan explotar el petróleo, aunque la Constitución lo prohíbe, es el resultado de la llamada reforma energética que el Congreso aprobó en 2008 “con la connivencia del PRI, el PAN y la izquierda chuchista”, recalcó.

El político priísta consideró además verdaderamente indignante que personajes que avalaron esa legislación y con ello el despojo a la nación de su principal riqueza ahora traten de lavarse las manos, y algunos insistan en que no se trata de contratos de riesgo y otros argumenten que en la apertura se está yendo más allá de lo que se estableció en la legislación secundaria que entró en vigor hace más de dos años.

Criticó de manera concreta al presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, y a los consejeros profesionales de Pemex, Rogelio Gasca Neri y Fluvio Ruiz Alarcón. A estos últimos les dijo que si realmente están en desacuerdo con esos contratos, renuncien y dejen de legitimar el desmantelamiento de la paraestatal.

Dedicado de lleno a la defensa de los energéticos desde 2000, cuando presidió la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Bartlett mencionó que todas las objeciones y la preocupación que se manifestaron en torno a la reforma energética negociada y aprobada en 2008 se concretaron en el anuncio reciente de Pemex sobre el arranque de la licitación para asignar contratos incentivados a trasnacionales, que explotarán campos maduros en la zona del Golfo.

El ex senador priísta y ex secretario de Gobernación recordó que antes de la votación de las modificaciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, y las otras nueve leyes que constituyeron la llamada reforma energética, muchas voces insistieron en que el esquema de contratación establecido iba a permitir al gobierno entreguista de Calderón interpretar esa legislación como se le diera la gana.

Ahora, la dirección de Pemex acude a una gran farsa, porque los contratos que están lanzando son para abrir los campos maduros, que son los que quieren explotar con mayor rapidez, pero les seguirán luego los yacimientos de aguas profundas.

Bartlett explicó que en el artículo 27 constitucional se establece que el petróleo es un bien cuya explotación está reservada a la nación.

Manuel Bartlett critica la sumisión a los intereses de EUFoto Marco Peláez

Incluso, detalló, en la exposición de motivos a la reforma que da exclusividad al Estado en la explotación del petróleo, el Constituyente señala que se pondría en riesgo la soberanía nacional si se da entrada a particulares, y se advierte que las empresas extranjeras representan intereses contrarios a los nacionales y no se les debe permitir que exploten un bien estratégico, propiedad de la nación.

De ahí que la dirección de Pemex y el gobierno de Calderón violan el espíritu y el objetivo de la Constitución, sostuvo.

Es muy claro: las trasnacionales no vienen a dar servicios a Pemex, sino a explotar el petróleo; son contratos de extracción y explotación de crudo. No se necesita ser ministro de la Suprema Corte de Justicia ni alto funcionario judicial para darse cuenta de que son una versión más de los inconstitucionales contratos de riesgo.

Bartlett hizo notar que a partir de la reforma energética le dieron a Pemex una estructura de empresa privada, caótica, que ni siquiera se ha instrumentado. La paraestatal tiene además a un director como Juan José Suárez Coppel, que antes fue director de finanzas de la empresa y su misión fue y es ahora también saquearla.

Uno de los argumentos de Calderón para promover esa reforma fue que se le daría autonomía de gestión, pero fue una mentira, porque Pemex sigue bajo el saqueo de la Secretaría de Hacienda, que le quita todos sus recursos, con miras a llevarla a la quiebra total.

De ello son cómplices, acusó, los consejeros profesionales y el senador Labastida, quien avaló la reforma energética. Fue el que dio la cara durante la negociación y ahora viene a decirnos que están bien esos contratos, porque si el contratista no encuentra petróleo, se la pagará sólo 70 por ciento. Eso es reconocer que son contratos de riesgos, donde la trasnacional ganará sobre la inversión que haga y el petróleo que encuentre.

El ex secretario de Gobernación dijo que Calderón maniobra a gran velocidad para dejar a Pemex como una agencia encargada de distribuir la riqueza nacional entre extranjeros, y alertó sobre el riesgo que ello implica.

“Cuando estalló la plataforma Deep Water Horizon en el Golfo, cerca de las costas de Estados Unidos, quedó al descubierto que ni siquiera las autoridades de la administración de Barack Obama tenían la capacidad para supervisar este tipo de perforaciones en aguas profundas.

Imaginen lo que pasará aquí, donde se ha desmantelado el aparato tecnológico y de ingeniería de Pemex; a ver si vamos a tener la menor capacidad de supervisar a los contratistas que van a sacar todo lo que quieran, que acabarán con las reservas petroleras del país para mandarlas al extranjero, concluyó.