l 1º de marzo se cumplieron tres años del bombardeo quirúrgico extraterritorial ordenado por el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sector de Angostura, provincia de Sucumbíos, Ecuador. En el marco de una vasta operación de guerra sicológica inscrita en el Plan Colombia, la acción dejó un saldo de 25 muertos, entre ellos Luis Édgar Devia (Raúl Reyes), principal negociador de las FARC, y cuatro estudiantes mexicanos: Soren Avilés, Fernando Franco, Juan González y Verónica Velázquez. Tres mujeres sobrevivieron al ataque y a la ejecución in situ de varias personas. Una era la estudiante mexicana Lucía Morett, quien, herida, fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros de los ejércitos de Colombia y Ecuador.

Planificada y apoyada táctica y logísticamente por el Comando Sur del Pentágono, la llamada Operación Fénix quiso desparramar el conflicto interno colombiano en una zona de gran importancia geopolítica en Sudamérica. Washington buscó involucrar a Ecuador y Venezuela, pero los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez no cayeron en la trampa. De manera complementaria, en medio de una campaña de saturación (des)informativa propia del terrorismo mediático, el gobierno colombiano criminalizó a Lucía Morett y sus cuatro compañeros asesinados, fabricándoles una matriz de opinión que los asimiló a terroristas internacionales, bajo el silencio cómplice de Felipe Calderón, socio político e ideológico de George W. Bush y Álvaro Uribe.

Desde entonces, Lucía Morett vive en la semiclandestinidad debido a que Ecuador y Colombia le siguen sendos procesos judiciales. El primero por, supuestamente, atentar contra la seguridad interna de Ecuador. El segundo por la presunta orquestación de actividades delictivas con fines terroristas y financiación del terrorismo, lo que derivó en la emisión de una circular roja de la Interpol, de búsqueda y captura.

No obstante, en estos tres años, algunos hechos hablan de quiénes son los verdaderos terroristas internacionales. Veamos. El 24 de diciembre de 2010, en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, el magistrado Daniel Méndez Torres, del juzgado primero de garantías penales de Sucumbíos, validó la audiencia de sustentación y presentación del dictamen acusatorio de la fiscalía ecuatoriana (instrucción fiscal número 297-2010), por el delito contra la vida-asesinato, contra Freddy Padilla, ex comandante general de las fuerzas militares de Colombia; Oscar Naranjo, entonces director de la Policía Nacional de Colombia, y el general ® Mario Montoya, ex comandante del ejército colombiano.

Los tres fueron señalados por la fiscalía como “las personas que dirigieron, planificaron, coordinaron y ejecutaron la Operación Fénix” en Angostura, ataque y bombardeo perpetrados materialmente por tropas helitransportadas colombianas, que contaron con la venia del entonces presidente Uribe, y que siguiendo la cadena de mando tuvieron que haber sido autorizados por el ministro de Defensa de turno, Juan Manuel Santos, a quien la fiscalía se abstuvo de acusar por la inmunidad que le otorga su calidad de actual mandatario de Colombia.

La instrucción refiere que en un acto de guerra consistente en el bombardeo aéreo con bombas de fragmentación y misiles de alto poder, seguido de la invasión del territorio ecuatoriano por miembros de la policía y el ejército de Colombia, se violaron la soberanía nacional y principios del derecho internacional y del derecho humanitario, y se ocasionó la muerte de 25 personas, entre ellas un ciudadano de Ecuador. Consigna, asimismo, que en el caso del ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina y otras víctimas mortales, las autopsias determinan que fueron ejecutados de manera extrajudicial, a corta distancia (10 a 20 centímetros) y de atrás hacia adelante (en estado de indefensión), y que en un caso se realizaron disparos post-mórtem.

A las acusaciones por asesinato de la fiscalía contra el alto mando castrense colombiano se sumó la petición de admisibilidad de Ecuador, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) analice la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla por agentes de la fuerza pública de Colombia, misma que fue aceptada por la CIDH el 21 de octubre de 2010 (Informe número 112/10).

La Comisión Interamericana hizo a un lado las argucias leguleyas de Colombia y admitió el caso, dado que quedó acreditada la incursión de las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano, y a que durante las (11) horas que permanecieron solos en el campamento de Angostura los oficiales colombianos tuvieron bajo su control a las personas sobrevivientes y los cuerpos de los fallecidos, por lo que se puede concluir que Colombia ejerció jurisdicción extraterritorial sobre la zona sujeta al ataque. En ese lapso, cuando tenían la obligación de respetar los derechos de las personas sometidas a ese control, Lucía Morett fue víctima de acoso e insinuaciones de carácter sexual por parte de soldados y policías colombianos, y varios prisioneros fueron ejecutados sumariamente, en flagrante violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

Por si faltaran elementos sobre el carácter terrorista del actual régimen colombiano, la propia Fiscalía de Colombia acaba de publicar en enero de este año un informe donde documenta 173 mil 183 asesinatos, mil 597 masacres, 34 mil 467 desapariciones forzadas y al menos 74 mil 990 desplazamientos forzados, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 en virtud de la alianza entre traficantes, paramilitares y gobernantes.