n documental de muy buena factura ha conmocionado a México. Presunto culpable es la obra cinematográfica –sin entrar a discusión de géneros– que más ha impactado la conciencia social respecto a problemas estructurales del país; en el caso, respecto a la ineficacia y el atraso de los sistemas de procuración y administración de justicia, comprobados productores de presuntos culpables pero, también, de presuntos inocentes.

Ejemplo de las distorsiones que hoy se viven lo da la sostenida y apasionada denuncia de una supuesta censura que hasta ahora no se ha cumplido: la cinta sigue en cartelera, la taquilla camina rumbo a marcas históricas, la publicidad gratuita continúa y los principales representantes de los poderes políticos, económicos y mediáticos han encontrado un resquicio ideal para disfrazarse de guerrilleros verbales en defensa de la libertad de la expresión y en contra de las injusticias denunciadas en pantalla. No sólo eso: se ha instalado un increíble silencio colectivo (una aprobación virtual) ante la decisión política del gobierno federal de no cumplir la suspensión provisional ordenada por un juez (causal, en otros momentos, de procesos de desafuero con sentido electoral), otorgando así un cheque en blanco al poder ejecutivo para que en función de sus consideraciones haga su voluntad.

A contracorriente, pero es necesario decirlo: no hay ni hubo censura, sino el recto cumplimiento de una función judicial. La fuerza mediática volcada en favor del documental ha pretendido linchar a una juez, Blanca Lobo Domínguez, por dar curso a la solicitud de un ciudadano que al creer violentados sus derechos e intereses acudió a las instancias que le pueden amparar. Pero los presuntos culpables de ahora son la juez Lobo y el solicitante de la suspensión provisional, el joven Víctor Daniel Reyes que, en caso de serlo, sería el eslabón culpable más débil de la larga cadena que produce la escandalosa injusticia mexicana a la que el documental en mención denuncia con enjundia pero solamente en tramos procesales, en los rangos inferiores, sin subir la mira ni plantear el contexto general que propician, administran y disfrutan muchos de quienes bajo el manto de esta obra pretenden limpiar culpas y lanzar defensas encendidas a libertades y derechos que usualmente mancillan: crear injusticias para luego combatirlas.

En realidad, significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por FC pero, fundamentalmente, por EU. La instauración de un sistema judicial basado en el estilo del vecino país ha sido largamente impulsada por los principales productores de Presunto culpable, sobre todo por Ernesto Canales Santos, el presidente del patronato de Renace, la asociación con sede en Monterrey que ayuda a personas pobres que sufren injusticia judicial (Renace a la que se transfieren, más que donar, las ganancias de Presunto culpable. Es decir, se envían a la cuenta de uno de los mismos productores ejecutivos, Canales Santos, quien preside otra agrupación, el Instituto Mexicano para la Justicia en el que, según se ve en http://bit.ly/hmfhJC, aparecen como asesores Layda Negrete y Roberto Hernández, los motores principales del documental. Es decir, las ganancias, según sean reportadas por Cinépolis, que con esta obra se ha estrenado como empresa distribuidora de películas, ya no sólo exhibidora, no irán a un ámbito distante, ajeno, incompartido, sino a las mismas cuentas del grupo que ha impulsado este proyecto: presunta donación).

Canales Santos es un abogado corporativo que ha estado al servicio de Visa, Alfa y Femsa, y ha formado parte de consejos de administración con miembros de las familias Canales Clariond. Un vicepresidente de Renace es Alberto Santos de Hoyos, quien fue diputado y senador por el PRI y que fue principal accionista de Gamesa, además de ser consejero de Axtel, Seguros Comercial América, Grupo Cydsa y Sigma Alimentos. En su propio grupo (Ingenios Santos, Automotriz Santos y Empresas Santos), el vicepresidente de Renace ha enfrentado acusaciones de beneficiarse de rescates públicos polémicos, como el relacionado con los productores de azúcar (el imprescindible Carlos Fernández-Vega, en http://bit.ly/hIl13U, toca el tema). Otro vicepresidente, Ernesto Rangel Hinojosa, fue director general de administración de Grupo Vitro, y miembro de su consejo de administración en 1998, como puede verse en http://bit.ly/gclKlQ junto a Jaime Serra Puche, Lorenzo Zambrano (Cemex), Ernesto Martens Rebolledo (Cintra, luego funcionario con Fox), y Alejandro Garza Lagüera (Pulsar). El tesorero es Fernando Turner Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes que fue destacado orador en favor de AMLO en reciente comida en el Distrito Federal.

A tales empresarios y abogados corporativos, en su faceta de filántropos en asuntos judiciales, irán las ganancias de Presunto culpable en cuanto ésa es la matriz, junto al CIDE, al que pertenecen Negrete y Hernández y que ya antes produjo otro esfuerzo de esclarecimiento jurídico en la revisión de los expedientes de Acteal. Lo que se busca es crear un ambiente propicio para las reformas judiciales calderonistas, impulsadas desde EU, que desde ahora son duramente impugnadas por cuanto pretenden celeridad en la resolución del enorme rezago judicial pero sin sustento ni bases firmes para garantizar inocencias o culpabilidades. Un ejemplo ya se tuvo en Chihuahua en el caso del asesino de la hija de Marisela Escobedo. Otro ejemplo se vive ya, de manera distinta, en el caso del joven Reyes, primo del asesinado que dio pie al documental en mención y que ahora es linchado mediática y socialmente y a quien incluso se le niega, con aires clasistas, el derecho a defender su imagen y la de su familiar víctima de homicidio. ¿Presunto culpable para que haya presuntos inocentes? ¡Hasta mañana!

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