a presidenta del DIF de Chihuahua, Bertha Gómez de Duarte, dijo ayer que Ciudad Juárez concentra, con dos mil 500 casos, 60 por ciento de los menores que han muerto en la entidad a manos de grupos criminales. Las masacres y los asesinatos cotidianos de hombres y mujeres mexicanos de todas las edades prosiguen sin visos de interrupción en esa localidad fronteriza –cuatro hombres y una mujer adolescente fueron ejecutados en un lote baldío, y otras dos personas, asesinadas a tiros en un bar– y en otros puntos del territorio nacional: siete policías asesinados en Sinaloa, cinco civiles en Oaxaca y otros dos en Guerrero, además del creciente descontrol en Saltillo.
Por lo que hace a Ciudad Juárez, datos como el mencionado fundamentan lo denunciado por organizaciones y ciudadanos de esa martirizada ciudad fronteriza: la descontrolada violencia que tiene lugar allí reviste características de campaña de exterminio contra sectores enteros de la población, y que ante ella, las movilizaciones de fuerzas oficiales resultan inútiles, en el mejor de los casos, o contraproducentes, en el peor.
La anterior no es una apreciación gratuita: el jueves pasado, Julia Monárrez Fragoso, directora de El Colegio de la Frontera Norte, señaló, en la presentación de su libro Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, que si entre 1993 y 2007 45 mujeres fueron asesinadas por motivos relacionados con el crimen organizado, en los tres años transcurridos desde que se instauró el Operativo Conjunto Chihuahua, con efectivos de las policías estatal y Federal y elementos de las fuerzas armadas, la cifra correspondiente se eleva a 692 niñas, adolescentes y adultas. En cuanto a los feminicidios sistémicos propiamente dichos –caracterizados por la especialista como crímenes seriales perpetrados contra mujeres jóvenes y económicamente marginales
, efectuados sin relación con las vertientes principales del crimen organizado–, casi se han triplicado durante la presente administración federal, al pasar de 442 cometidos entre 1993 y 2005 a mil 192 en la actualidad.
Estos datos de exterminio contrastan, de manera inevitable, con noticias como la del oficial de la agencia estadunidense de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) John Dodson, asignado a Phoenix, Arizona, quien hace unos días admitió que había recibido órdenes para que no obstaculizara el tráfico de armas de fuego, o con la reciente captura de ocho efectivos castrenses mexicanos que transportaban, en un vehículo militar, un cargamento de cocaína. Ante la manifiesta incapacidad de las autoridades mexicanas de los tres niveles para brindar protección a la población juarense –situación que se repite rápidamente en otras localidades–, frente a las ambigüedades del gobierno estadunidense en su posición ante el combate a las drogas y, sobre todo, de cara a los terribles saldos de muertes ciudadanas que arroja la guerra
declarada hace más de cuatro años por la administración calderonista a la criminalidad organizada, debiera ser necesario cuestionar no sólo la pertinencia de la actual estrategia de seguridad pública –y su contexto obligado: la Iniciativa Mérida–, sino también su veracidad.
Los señalamientos sobre una limpieza social
en curso, disfrazada de combate a las drogas y a la criminalidad, no deben seguir siendo ignorados por el poder público ni por la ciudadanía, porque día con día se multiplican los indicios de que esa hipótesis es algo más que una mera fantasía sórdida.
