La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados planteó desechar la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para constituir una empresa de energía eléctrica, que dé servicio en sustitución de la extinta Luz y Fuerza.

Una semana después de que la mesa directiva de la cámara anunció la reinstalación de la mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el presidente de la comisión, Felipe de Jesús Cantú (PAN), circuló un proyecto de dictamen donde define que no es necesario configurar una nueva fuente de empleo.

Argumenta que ello es porque no existe un universo de electricistas que no han dado por concluida su relación de trabajo, sino en todo caso de ex trabajadores que no han cobrado su indemnización, alegó.

El 11 de noviembre el diputado José Narro Céspedes (PRD) presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con objeto de constituir el Sistema Federal de Electricidad, que se integraría por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la comisión de electricidad del centro, en sustitución de Luz y Fuerza.

La modificación plantea que las relaciones laborales de dicha comisión de electricidad se deben regir por un contrato colectivo de trabajo suscrito con el SME, y considerar como sujetos de contratación por este nuevo organismo a los trabajadores que no hubieren concluido su relación de trabajo con la extinta Luz y Fuerza, conservando su antigüedad y derechos.

Asimismo, el proyecto de Narro propone que la región, zonas, actividades, servicios y operaciones que correspondieran a la comisión de electricidad del centro sean las que le correspondían a Luz y Fuerza.

También plantea que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) entregue a la nueva compañía, libre de carga financiera, los bienes, derechos y posesiones que aún mantenga en administración directa o mediante terceros.

El rechazo del panista Cantú a aprobar la reforma se fundamenta en que la propuesta de Narro considera una reforma a los artículos 7, 8 y 9 de la citada ley.

Constituir una nueva empresa, concluye, implicaría la creación y sostenimiento presupuestal de un aparato administrativo que no puede justificarse, y recontratar a los trabajadores del SME, además de inviable, resulta ser una medida discriminatoria.