En un informe presentado en San Cristóbal de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC, también conocido como Frayba) destacó que el gobierno de Chiapas crea y administra conflictos para el control territorial, en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas.

Se trata de un análisis documental sobre la situación imperante y los intereses enmarcados en el conflicto armado interno, ahora en la fase de disputa del territorio, ya que Chiapas es una veta de gran riqueza para la inversión privada, impulsada con los proyectos ecoturísticos. Según el estudio, los proyectos de inversión “intentan despojar a los pueblos a través de desalojos forzados, cooptación para la firma de ‘convenios de desarrollo’, ocupación policial y militar, y criminalización de defensores”.

En ese marco, prosigue el centro, los hechos ocurridos el 2 de febrero en la zona de Agua Azul, en el ejido San Sebastian Bachajón (Chilón), donde perdió la vida Marcos García Moreno y resultó herido Tomás Pérez Deara, y la aprehensión de 117 personas, 10 de las cuales permanecen como presos políticos, representan la implementación de una estrategia calculada por el gobierno del estado, que generó una confrontación para luego colocarse como mediador y administrar el conflicto.

El CDHFBC asegura contar con testimonios que señalan al secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, como uno de los autores intelectuales de la agresión. Destaca que el gobierno estatal rompió con un proceso de diálogo y arreglo comunitario que los actores sostenían desde 2010 para que los habitantes de la zona administren y preserven sus recursos.

El informe incluye el testimonio de una persona que estuvo presente en una de las reuniones donde se habría planeado enfrentar a los ejidatarios, creando grupos de choque, y “apresar a los adherentes a la otra campaña” para distraerlos con una lucha por la liberación de sus presos. El propósito oficial de ocupar la caseta ejidal se logró el 2 de febrero. No es un conflicto comunitario, añade. Como tampoco lo es en Mitzitón ni lo fue en Acteal en 1997. Castañón León sería artífice del conflicto para favorecer los planes de inversión privada. Además, hay interés militar de controlar ese territorio, en vecindad con comunidades autónomas zapatistas como San José en Rebeldía y Bolón Ajaw (la cual quedaría cercada con las nuevas disposiciones administrativas).

La situación es producto de una guerra integral de desgaste que genera condiciones para enfrentar a las organizaciones de la región; lo que se disputa no es una caseta de cobro, sino la defensa de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas que construyen un proyecto de autonomía. Con base en la información recabada (datos documentales, testimonios, denuncias de ejidatarios), el CDHFBC afirma que el gobierno mexicano no intervino para prevenir el conflicto y planeó los actos mediante una estrategia para el control territorial en el marco de un conflicto armado no resuelto.

El CDHFBC notifica que interpuso un amparo para los presos de San Sebastián. Los oficialistas (priístas y del Partido Verde Ecologista) entregaron las tierras al gobierno de Juan Sabines Guerrero sin autorización de la asamblea de ejidatarios. Este grupo es utilizado por el gobierno “para desplazar a las comunidades de la otra campaña e impulsar la privatización de las cascadas de Agua Azul”.

Se agrede así al proyecto de autonomía que impide al gobierno privatizar la tierra para proyectos empresariales. Atizar el conflicto no es nuevo. La estrategia es la misma, pero más agresiva. Días atrás el presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó la región y habría dado el banderazo para la incursión policiaca.

Por lo demás, ha sido ignorado el hecho de que durante la agresión oficialista hubo lesionados de la otra campaña. Éstos reiteran que fue el grupo de choque encabezado por Carmen Aguilar Gómez el que mató a su propio compañero, y no los presos, quienes ni siquiera estaban en el lugar de los hechos.