De cada cien gramos de alimentos que consumen los mexicanos, 42 vienen del extranjero. Tan sólo durante 2010 se destinaron 25 mil millones de dólares a las importaciones, lo cual refleja la dependencia alimentaria y hace urgente que se establezca una base jurídica para que México adquiera soberanía alimentaria y nutricional, advirtieron organizaciones campesinas.

Demandaron que el gobierno federal declare una emergencia agroalimentaria nacional y se apoye realmente y de inmediato a los productores que sufrieron siniestros por las bajas temperaturas en el norte y noroeste del país y a los del sur y sureste, afectadas por inundaciones en el 2010.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Semilleros informó que cuenta con inventarios suficientes para la resiembra de las zonas afectadas por las heladas y que dará descuentos a semillas de maíz y sorgo.

Asimismo, precisó que cuenta con inventarios para sembrar 310 mil hectáreas de maíz blanco y para 20 mil 700 hectáreas de maíz amarillo.

En conferencia de prensa, Max Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC); Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), y Olegario Carrillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Regional Campesinas Autónomas (UNORCA), entre otras organizaciones, advirtieron que las importaciones de maíz pasaron de 253 mil toneladas en 1993, a 10.7 millones de toneladas en 2010, y actualmente se importa 95 por ciento del frijol soya que consumimos, 80 por ciento de arroz, 46 por ciento de trigo, 33 por ciento de frijol y 40 por ciento de la carne de res y cerdo.

Consideraron irracional e injusto que el Estado mexicano dedique vastos recursos a la importación de alimentos, no así a los campesinos para que tengan condiciones de rentabilidad e infraestructura productiva con la finalidad de aprovechar de manera productiva y sustentable los 7 millones de hectáreas que en la actualidad se encuentran sin cultivar por falta de apoyo y condiciones mínimas de rentabilidad.

Señalaron que la dependencia alimentaria es causa directa de la pobreza extrema, ya que el aumento de los precios internacionales ha contribuido al incremento de los precios en los alimentos.

Propusieron, entre otras medidas, que el Poder Ejecutivo federal o el Congreso de la Unión hagan una declaratoria de emergencia agroalimentaria nacional; impulsar políticas para aumentar la producción de alimentos de pequeños y medianos propietarios rurales; establecer una reserva nacional de alimentos básicos, y triplicar el fondeo de la banca de desarrollo para que, en atención a esta emergencia, atienda oportunamente a los pequeños productores agrícolas, reduciendo la tasa de interés en 50 por ciento.

Max Correa, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que en coordinación con las organizaciones campesinas se establezca una mesa de trabajo que funcione como conferencia parlamentaria, donde se discutan y acuerden medidas concretas con secretarios de Estado para enfrentar la emergencia agroalimentaria del país.