Al presentar el Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México, Febrero de 2011, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, sostuvo que en el periodo abril-septiembre de 2010 se documentaron 214 casos masivos, que representan un total de 11 mil 333 víctimas, cifra que podría ser superior por la cifra negra de los que no se denuncian.

En el documento se detalla que en 8.9 por ciento de los plagios, las víctimas y/o testigos refieren la colusión de alguna autoridad en la comisión del delito, y entre las más frecuentemente denunciadas se encuentran distintas corporaciones policiacas: municipales, estatales y policías federales, así como personal del Instituto Nacional de Migración (INM) e incluso elementos de la Secretaría de Marina.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Plascencia Villanueva aseveró que los migrantes denunciaron las cantida- des que tuvieron que pagar para ser liberados; señalaron que les cobraron entre mil y 5 mil dólares por su rescate, pero algunos manifestaron haber pagado hasta 10 mil o más. Hay connivencia de secuestradores con servidores públicos de los tres niveles de gobierno; hay tolerancia para este delito e incluso ya hay investigaciones abiertas.

Abundó: “en sus testimonios, los migrantes también refirieron que en sus secuestros observaron que participaron miembros del crimen organizado, pero no proporcionaron datos que puedan identificar de qué cárteles, pero los llevan a casas de seguridad donde los retienen hasta que paguen sus rescates”.

De igual forma, el ombudsman nacional hizo hincapié en que en los testimonios se refiere que algunos de los migrantes que viajan en el grupo son integrantes de bandas del crimen organizado: son quienes los enganchan, los delatan, indican a los secuestradores si tienen familia en Estados Unidos y las cantidades que pueden cobrarles.

En otros relatos –aseguró Plascencia Villanueva– nos refieren que incluso cuando los privan de la libertad los invitan a unirse al crimen organizado.

En la presentación del informe, Plascencia Villanueva estuvo acompañado por el quinto visitador general del organismo nacional de derechos humanos, Fernando Batista Jiménez, quien elaboró el documento. Destacó que la CNDH recabó 178 testimonios relativos a actos de secuestro de migrantes, de los cuales 153 corresponden a declara- ciones ofrecidas por víctimas directas de este delito; 25 son narraciones ofrecidas por personas que atestiguaron los hechos, y 15.7 por ciento de los testimonios corresponde a experiencias narradas por mujeres.

Del total de los casos de plagio documentados, en 44.3 por ciento fueron hondureños; 16.2 salvadoreños; 11.2 guatemaltecos, 10.6 mexicanos, 5 por ciento cubanos; 4.4 nicaragüenses; 1.6 colombianos y 0.5 por ciento ecuatorianos, y en el resto no fue posible determinar la nacionalidad de las víctimas.

Plascencia Villanueva ubicó las regiones donde ocurren los secuestros de migrantes, y de acuerdo con los testimonios de las víctimas y los testigos son Veracruz, en primer lugar, seguido de los estados de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

En la presentación del informe, el titular de la CNDH señaló que la población migrante en México vive en una particular situación de vulnerabilidad y es víctima de violaciones a sus derechos esenciales mediante actos como extorsión, discriminación, explotación, abuso físico y violación sexual, trata de personas, tortura y secuestro.

Subrayó que el plagio de indocumentados constituye un delito que atenta directamente contra su dignidad y los derechos humanos que les son inherentes, como el derecho a la libertad, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y, en algunos casos, incluso el de la vida.

Sostuvo que de la información recabada durante estas visitas se advirtió que la violencia en perjuicio de este grupo, en especial situación de vulnerabilidad, no presenta una disminución y los grupos que cometen violaciones se han especializado y diversificado.

El ombudsman nacional cuestionó las acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo para enfrentar este delito, porque –dijo– “son medidas aisladas que, consecuentemente, tienen un alcance limitado y no producen el suficiente impacto para combatir sus causas estructurales. Aunado a ello –señaló– se observa falta de mecanismos de seguimiento o evaluación de las acciones preventivas, a fin de apreciar su efectividad y pertinencia”.

Llamó la atención sobre la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito a escalas federal estatal y municipal, así como mecanismos y acciones suficientes para garantizar al migrante sus derechos a la seguridad pública, jurídica y personal, así como a la libertad, legalidad y trato digno.

Emitió 28 propuestas, de las cuales una fue para la Secretaría de Gobernación, siete al INM, seis a la Procuraduría General de la República, seis a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuatro a las secretarías de seguridad pública de las entidades y cuatro a las procuradurías estatales.