Buenos Aires, 22 de febrero. Aunque bajó de tono el duro cruce diplomático entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos por el decomiso de material militar, drogas y elementos de espionaje que llegó en un avión estadunidense e intentó ser introducido ilegalmente por el aeropuerto de Ezeiza, el pasado 14 de febrero, el tema continúa bajo investigación oficial y periodística aportando nuevos elementos que desnudan serias injerencias, e incluso comprometen a magistrados de la justicia local.

El gobierno argentino rechazó hasta ahora un pedido de explicaciones y la exigencia de la administración de Barack Obama de devolución inmediata del material incautado en el espectacular incidente y demandó disculpas, después de advertir que las leyes locales deben ser cumplidas por todos sin excepción.

Pero este hecho hizo recordar que ya en agosto de 2010, la fuerza aérea de Estados Unidos intentó ingresar un cargamento de armas eludiendo el control aduanero ante lo cuál la cancillería solicitó respeto a las leyes del país y se permitió retirar dearl territorio ese material porque aún no habían sido descargadas del avión.

El material incautado va desde armas y material para interceptar comunicaciones, varios GPS altamentes sofisticados y otros elementos tecnológicos que contenían çódigos caratulados como secretos hasta un baúl completo cargado con drogas medicinales vencidas, y que esto según dijeron los oficiales de Estados Unidos estaba destinado a cursos sobre tomas de rehenes y otros.

Más que para impartir un curso sobre toma de rehenes, el equipamiento incautado en el avión estadunidense C-17 es totalmente compatible con el que utilizan las principales agencias de espionaje estadounidenses, señaló el periodista Walter Goobard en el semanario Miradas al Sur.

Además estima que “la entrega de material sensible, como equipos de intercepción telefónica o encriptación, es un método tradicional empleado por las distintas agencias de Estados Unidos –CIA, DEA, FBI, DIA– para reclutar agentes e informantes dentro de las fuerzas de seguridad locales”.

También recordó que la organización de cursos de entrenamiento es un método usual de captación de agentes e informantes en puestos claves.

Destaca asimismo que en 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner prohibió que miembros del Ejército y la Policía Federal asistieran a cursos en instituciones sucesoras de la Escuela de las Américas en las que se encuadra la polémica Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (Ilea, por sus siglas en inglés), ubicada en la capital salvadoreña, que funciona bajo el patrocinio y la orientación del gobierno de Estados Unidos.

Pero existe otro argumento importante y es que en el caso de Ilea no limita su influencia y asesoría a policías, sino que tiene la mira puesta en el reclutamiento de jueces, fiscales y empleados del poder Judicial por cuenta y orden del Pentágono.

En este caso eso sucede mediante la International Judicial Academy (IJA) y la Cámara Americana en Argentina (AmCham), decenas de jueces argentinos han sido capacitados por la asociación patrocinada por el Departamento de Estado, señala el analista

Uno de los representantes de la mencionada academia aquí es el juez civil Ricardo Li Rosi, miembro del consejo académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y panelista habitual de seminarios organizados por AmCham y la embajada de Estados Unidos en Argentina. Y determina el número de jueces que ya han tomado esos cursos.

A su vez Miradas al Sur recuerda que el arsenal farmacológico de los instructores militares contenía estimulantes del sistema nervioso; drogas alucinógenas disociativas, -que producen efecto anestésico y alucinaciones;- alcaloides provenientes del opio; sedantes e hipnóticos de efecto rápido. Otros inyectables para actuar ante la intoxicación por morfina; opiaceos sintéticos y analgésicos que producen adicciones muy fuerte.

Esto es gravísimo en muchos aspectos si se analiza para qué pueden ser utilizadas estas drogas. Otro tema grave en las investigaciones es que las cajas tenían el sello de la séptima Brigada de Paracaidistas del ejército estadunidense, con sede en Carolina del Norte.

Y esto lleva a aanliazr el tipo de instructores en estos cursos que pertenecen a fuerzas que han intervenido en lugares como Grenada (1983) y Panamá (1989) y asesorado al ejército salvadoreño responsable de miles de muertes y desapariciones en ese país. Se advierte asimismo que es grave la apuesta de Washington de miliitarizar la guerra contra el crimen y que esto no obedece a los objetivos que se anuncian oficialmente para la región.

La llegada del Boeing Globmaster III estadunidense cargado de ‘material sensitivo’ se inscribe no necesariamente en una política exterior afinada (y menos aún controlada) por el gobierno de Obama, sino más bien en su ausencia, convenientemente explotada por la desproporcionada capacidad presupuestaria y operativa del Pentágono y del complejo militar”, señala el analista argentino Eduardo Blaustein.

Y no es el único en preguntarse por qué son paracaidistas especializados en contrainsurgencia los que vienen a entrenar a los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) de la policía.

El tema no está acabado aquí y además de las decisiones tomadas por la ministra de seguridad de interrumpir estos entrenamientos, han surgido numerosas demandas para trabajar en “la desmilitarización ideológica y estructural de las instituciones de seguridad y precisamente esta visita de las Fuerzas especiales de Carolina del Norte parece ir contra la idea de producir grandes cambios en los sectores policiales locales.