Puebla, Pue., 22 de febrero. El Congreso local acordó derogar los artículos del 357 al 372 del Código de Defensa Social de Puebla, que estipulaban pena corporal a quienes cometieran calumnia y difamación, y sustituyó esa sanción por multas hasta de 3 mil salarios mínimos, que fueron incluidas en el Código Civil del estado.

Se derogó el delito de difamación, previsto en los artículos 357 a 361, así como el de calumnia, tipificado en los artículos 362 a 365, así como las disposiciones comunes para ambos delitos, previstas en los artículos 366 a 372, todos del Código de Defensa Social para el Estado.

La iniciativa de ley fue enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y aprobada por los partidos Nueva Alianza (Panal), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Revolucionario Institucional (PRI), con la abstención del Partido del Trabajo (PT).

Héctor Alonso Granados, legislador del Panal, señaló que las reformas se hicieron para que los medios de información ya no den malas noticias y haya respeto.

Periodistas, expertos en libertad de expresión, universidades y organismos especializados, entre ellos la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, demandaron durante dos semanas que el Poder Legislativo abriera foros de consulta para debatir el tema.

Tal como fueron aprobadas, argumentaron, las nuevas disposiciones podrían inhibir la crítica de los medios a funcionarios y otras autoridades, al dejar un amplio margen de discrecionalidad a los jueces que dictaminen sobre casos de daño moral.

Otra preocupación es el monto de la multa: 3 mil salarios mínimos equivalen a 170 mil 100 pesos; si un reportero gana 6 mil pesos mensuales, en promedio, tardaría en pagar aproximadamente dos años y cuatro meses, sin tocar un peso de ese emolumento.

Zeferino Martínez Rodríguez, del PT, expresó que las reformas pueden usarse para censurar la labor periodística y recordó que el Congreso local ya ha aprobado iniciativas perjudiciales para otros sectores; por ejemplo, hace dos semanas se modificó el Código de Defensa Social y, con el pretexto de evitar despojos, se abrió la posibilidad de que labriegos sean enviados a la cárcel por defender tierras de su propiedad.

Mario Riestra Piña, coordinador de los diputados panistas, señaló que las reformas homlogan las leyes del estado con las federales y no perseguirán la crítica.

El priísta Enrique Dóger Guerrero lamentó la prisa con que se aprobaron las enmiendas y que no se hayan abierto foros de consulta con los interesados.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Guillermo Aréchiga Santamaría (Panal), afirmó que la reforma impedirá que los periodistas acusados de difamación o calumnia sean encarcelados.

El diputado priísta Jesús Morales Flores agregó que las nuevas normas evitarán que los periodistas omitan divulgar información que afecte la vida pública.

En un sistema democrático no se puede permitir que cualquier persona sea juzgada por supuestos daños morales y enfrentar una sentencia que implique reclusión, como si se tratase de un delincuente, manifestó.

Con información de Notimex