El gobierno de México designó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los 32 órganos estatales respectivos en el país, como los encargados de supervisar a escala nacional la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, informó ayer Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

La funcionaria indicó lo anterior, luego de señalar que quienes padecen alguna discapacidad sufren de exclusión en diversos sentidos; al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF), Luis González Placencia, planteó que a las personas con discapacidad se les limita el acceso a la educación, al trabajo, a servicios médicos y aun al esparcimiento.

En un acto al que asistieron representantes de la CNDH y de las comisiones estatales, así como miembros de asociaciones civiles dedicadas a promover los derechos de las personas con discapacidad, expertos académicos y representantes de la ONU, la canciller explicó que México, además de vigilar el cumplimiento de la referida convención, impulsa la aprobación de la ley para la inclusión de personas con discapacidad, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra en proceso de discusión en la de Senadores.

Refirió que en breve se anunciará al secretario general de las ONU, así como a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que la CNDH y sus comisiones estatales serán los encargados de vigilar la aplicación de dicha convención, de manera que se podrá dar seguimiento a las obligaciones internacionales, entre ellas la accesibilidad, la movilidad personal, la autonomía, la habilitación, la educación y el trabajo.

La titular de la SRE señaló que la sociedad civil, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan participarán en el monitoreo, ya que este tratado pasa de la acción asistencialista al respeto de sus derechos humanos.

A su vez, el ombudsman de la CDHDF planteó que hasta hace poco las personas con discapacidad en México no eran tomadas en cuenta, mientras ahora se hace necesario incrementar los factores de inclusión social de estos grupos de mexicanos.

Al respecto, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó que es necesario adaptar las instituciones públicas para que más personas con discapacidad tengan acceso a las mismas.

Explicó que se aprobó un presupuesto de 400 millones de pesos para hacer adaptaciones al transporte público para estas personas, pero faltan en muchos otros ámbitos más servicios para esta población, así como educación, atención legal y médica, concluyó.