El consejero presidente del Intituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, defendió una vez más la legalidad del fondo por 348 millones de pesos para la modernización inmobiliaria del organismo, el cual se integró, sostuvo, con ahorros e ingresos propios. Subrayó que, en su momento, la decisión del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva no fue cuestionada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el plazo legal de cuatro días, lo cual permite interpretar que la decisión está firme.

Sin embargo, en rueda de prensa dijo, a pregunta expresa, estar dispuesto a acatar un eventual juicio político por la decisión que, insistió, tiene validez legal. Aseveró que son innegables las diferencias al respecto con el contralor general, Gregorio Guerrero, pero consideró que habrá instancias que se pronunciarán sobre quién tiene la razón legal.

Por otro lado, informó que ayer al mediodía le fue remitido un oficio de la Auditoría Superior de la Federación sobre las observaciones con 2009 y, en particular, el proceso para conformar el sistema integral de administración de tiempos del Estado. Comentó que en los 30 días hábiles que tiene el IFE para responder a los señalamientos de la ASF, la mayoría serán subsanadas.

En torno al fondo de modernización inmobiliario, respecto del que fue interrogado con insistencia, aseguró que en la Junta General Ejecutiva se determinó que se tiene hasta el próximo 15 de agosto para ejercer los recursos, mismos que, explicó, por ahora se mantienen intactos en una cuenta bancaria, en espera de una resolución definitiva.

Destacó que de los 348 millones de pesos del fondo, 215 provinieron de la decisión del organismo de congelar plazas en 2010. Adelantó que esa política difícilmente podría repetirse en 2011, toda vez que en octubre arranca el año electoral y es indispensable para el IFE cubrir las plazas, en especial las que corresponden al servicio profesional electoral.

Indicó que las tareas fueron absorbidas por personal del IFE, que en algunos casos realizó doble y hasta triple función. Valdés Zurita enfatizó que esa fue una decisión institucional para conformar el fondo destinado a la adquisición de inmuebles que son ahora arrendados.

Insistió en que, para el caso, se trata de ahorros institucionales y no de subejercicios, como ha sugerido el contralor general. Destacó que el IFE, efectivamente, tuvo un subejercicio por 72 millones de pesos, recursos que en su oportunidad fueron devueltos a la Tesorería de la Federación, como dispone la legislación.

De esa forma, añadió Leonardo Valdés, los señalamientos de que el fondo está conformado por subejercicios presupuestales no son exactos.

Agregó que el IFE realizó los estudios jurídicos pertinentes para revisar la viabilidad legal de la integración del fondo, sin incurrir en violaciones a la legislación de responsabilidad hacendaria.