En un hecho inédito, una pareja de migrantes capitalinos logró ganar un juicio en una corte de Estados Unidos utilizando para ello Internet y teleconferencias, con lo que lograron un fallo para que sean repatriadas sus dos hijas, que a la fecha se encuentran bajo custodia del Condado de Chester, Pensilvania.

Margarita Almaraz y Alfonso Mejía forman el matrimonio que durante casi una década radicó y trabajó en Estados Unidos, pero que en 2009 fueron deportados a nuestro país sin la posibilidad de traer consigo a sus dos pequeñas, una de seis y otra de nueve años.

El caso –que será hoy detallado por las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural y Atención a Migrantes (Sederec), del Gobierno del Distrito Federal– representa el único juicio por Internet de migrantes de esta capital ante una corte del vecino país del norte, pues nunca antes se había admitido una comparecencia a distancia.

De acuerdo con información de esa dependencia, la pareja Mejía Almaraz contrató los servicios de abogados de aquella nación, quienes lograron que la Corte de Chester permitiera el uso de la tecnología para ventilar ese caso.

Fue así como Margarita y Alfonso comparecieron en ocho ocasiones ante el juez de esa sede judicial estadunidense, utilizando para ello computadora, videocámara y conexión a Internet. En el contexto de un juicio formal tiene toda la validez jurídica, además de que sienta un importante precedente para las cortes de distintos niveles en ese país.

En mayo del año pasado, la corte de Pensilvania logró deteminar que el matrimonio mexicano contaba con la necesaria solvencia económica y moral para tener a las dos niñas, por lo que para la segunda mitad de 2010 se resolvió en favor de los migrantes capitalinos.

Una vez resuelta esa situación, el trámite que resta es que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sea la instancia mediadora ante el juez del condado de Chester para que avale la repatriación de las dos pequeñas y que cumplan con los trámites correspondientes.

“La experiencia de esta pareja impactará la vida de muchos migrantes, quienes después de ser deportados dejan asuntos legales y judiciales pendientes allá, los cuales en su mayoría quedan inconclusos –causándoles un perjuicio– por no tener la posibilidad de obtener una visa de turista para viajar a Estados Unidos”, detalló la dependencia capitalina, la cual brindó todo el apoyo y asesoría necesaria por conducto de su Dirección de atención a huéspedes, migrantes y sus familias.

Con todo, los costos de un proceso judicial de este tipo resultan –en opinión de especialistas en materia migratoria– muy onerosos y corren en su totalidad por cuenta de los particulares.