En cumplimiento a la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el estado de Chiapas –aprobada por el Congreso local a propuesta del Ejecutivo estatal en 2009–, el juez segundo penal del distrito judicial de Tapachula sentenció a Lilian Elizabeth Aguilar a una pena de 13 años seis meses de prisión y una multa de mil 125 días de salario mínimo.

La ahora sentenciada permanece recluida en el Centro de Reinserción Social número 4, con sede en la ciudad de Tapachula, desde el 19 de agosto de 2009, tras ser detenida por personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes de la Procuraduría de Chiapas.

La mujer fue denunciada por una joven originaria de Guatemala, quien señaló haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con los clientes del bar El Amigo, ubicado en el municipio de Metapa de Domínguez, donde, además, sufría acoso sicológico y maltrato físico.

Al escapar de la tratante, la menor denunció ante la Fiscalía Especializada, ante la que manifestó que durante varios meses estuvo forzada a consumir bebidas alcohólicas y prostituirse para entregar una cuenta mínima semanal de mil 600 pesos.

La víctima señaló de manera directa a Lilian Elizabeth Aguilar de propinarle severas golpizas cuando no conseguía el dinero que ella le exigía.

Las investigaciones revelaron que la joven migrante fue víctima de amenazas constantes de ser trasladada a otros bares ubicados en Guatemala con la amenaza de que recibiría peores tratos.

Ante las pruebas recabadas por el fiscal del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa número 138/FEDCCI-CJT1/2009, en agosto de 2009 el juez segundo del ramo penal del distrito judicial de Tapachula giró orden de aprehensión en contra de Lilian Elizabeth Aguilar, como probable responsable del delito de Trata de Personas Agravado.

Por su parte, la Procuraduría de Chiapas inició su localización, toda vez que al saber que era investigada permaneció prófuga de la justicia en un poblado de Guatemala.

Con el apoyo de la Interpor las autoridades estatales continuaron las investigaciones para dar con su paradero, por lo que el 19 de agosto de ese año agentes especializados de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas lograron su detención, siendo puesta a disposición de juez de la causa.

Cabe destacar que la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas fue creada a propuesta del gobernador Juan Sabines Guerrero, con la finalidad de impulsar de manera decidida el combate frontal a este flagelo.

Gracias a este esfuerzo sin precedentes, a la ley se sumaron la creación de la comisión interinstitucional para los mismos fines, integrada por instituciones de los gobiernos estatal y federal, universidades y la sociedad civil.

Los resultados obtenidos han hecho a la entidad merecedora del reconocimiento de los gobiernos de otras entidades federativas y países de Centroamérica, así como de instituciones no gubernamentales.

Como muestra de su efectividad, a tan sólo 26 días de haberse aprobado la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se desarticuló una banda dedicada a la prostitución de menores, logrando, además, la recuperación de tres víctimas originarias de Puebla, Veracruz y Chiapas.

En otro avance significativo, se puso en marcha el Programa Estatal para Combatir, Prevenir la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas, que desarrolla como ejes estratégicos la prevención, investigación y persecución del delito, asistencia, atención y protección a la víctima, campañas de difusión y capacitación.

Así también, en respuesta al llamado que hiciera la Organización de Naciones Unidas, por conducto de la campaña Corazón azul, en junio pasado se puso en marcha la campaña Chiapas pacta con el corazón”, en la cual participan, de manera ejemplar, instituciones educativas e instancias federales y estatales que integran la comisión interinstitucional.

Con estos hechos, el Gobierno de Chiapas reitera su compromiso inquebrantable con la prevención y el combate a la trata de personas, para continuar garantizando, como hasta ahora, el acceso a una procuración de justicia eficaz, efectiva y con sentido humano.