Después de la explosión en la mina 8 Pasta de Conchos, en la región carbonífera han ocurrido al menos cinco siniestros más, en los que además de 44 muertos han quedado 285 huérfanos y ninguna de las empresas ha reparado el daño, sólo reparten ayudas humanitarias e indemnizan a las familias como si hubieran despedido a los trabajadores, pagan los gastos funerarios y, al igual que en el primer caso, nunca se han fincado cargos penales a los responsables de tanta muerte.

Los siniestros han dejado más de mil familiares directos e indirectos afectados, además de que en varias minas han sido cesados más de 350 trabajadores que conocían de los hechos, para no tener testigos de los mismos, y ni siquiera fueron indemnizados conforme a derecho, señaló la familia Pasta de Conchos.

Dicha organización criticó a la Secretaría del Trabajo, la cual expuso que técnicamente no es posible el rescate de los mineros fallecidos hace cinco años. Señaló que, como era previsible, la dependencia intenta obstaculizar cualquier acuerdo para reiniciar el rescate, al igual que la Secretaría de Economía, lo cual conviene a los intereses del Grupo México.

Sobre los siniestros posteriores al de Pasta de Conchos, la abogada Cristina Auerbach expuso que en 2009, por la negligencia de la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, fallecieron Alfredo Ríos y Rogelio Soto y se ocultó todo rastro de explosivos que fue lo que les causó la muerte. La semana pasada firmó convenios con todos los trabajadores para terminar la relación laboral, sin indemnizarlos ni reparar el daño, y pretendió dar legalidad a los despidos al depositar los convenios en la junta local.

Otra caso más se dio en el pocito Ferber, empresa donde murió otro trabajador y no se ha reparado el daño a la familia, ni se cubrieron los gastos del funeral. Los dueños del mismo operan a través de una terciaria llamada Minera Zeba, y con esta licencia están abriendo otros pocitos en los poblados de Agujita y Cloete.

En mayo de 2010 murió Jesús Anaya en el pocito Vertical 4 y, según señala la abogada, aquí hubo un enorme acto de corrupción de inspectores que fueron a verificar las condiciones en que se dio el accidente. El pocito sigue en operación, no se ha reparado el daño a la familia ni se ha indemnizado a un trabajador que está incapacitado.

El 30 de julio de 2009 el pocito Boker se siniestró y quedaron atrapados dos mineros; el 6 de agosto se rescató con vida a uno de ellos, Plutarco, mientras Ramón murió. El ingeniero responsable del mismo no está en la nómina de la empresa, sino de la Unión Nacional de Productores de Carbón, organización que además de proporcionar ingenieros para simular legalidad, da paquete de inspecciones para evitar multas.

En agosto pasado murió otro trabajador en el pocito Tesoro, y el encargado del mismo informó que no fue un accidente, sino “un ejecutado de Los Zetas que ahí lo tiraron”. Sin embargo, el certificado de defunción evidencia que el minero murió realizando labores.