El senador priísta Carlos Jiménez Macías aseveró que la ley de migración que este martes se discutirá y se aprobará en la cámara alta “fue consultada y discutida con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM), pero el dictamen que quedó de primera lectura el pasado jueves tuvo cambios fundamentales que el pleno deba revisar en detalle, como son las facultades que en la materia se otorgan a la Secretaría de Seguridad Pública para que la Policía Federal participe en operativos para detener a los indocumentados”.

Jiménez Macías fue integrante del grupo plural –denominado mesa de migración– que el Senado integró para elaborar la iniciativa. El priísta recordó que “desde el 9 de diciembre de 2010 se quedó enlistada la ley migratoria para su discusión y aprobación, es decir, estaba en la Gaceta del Senado del 9 de diciembre ya como dictamen para primera lectura.

“Ese dictamen sí lo firmé, pero éste que va a ser discutido el próximo martes debe ser revisado con cuidado en el pleno por los senadores; llama la atención que se faculte en el artículo 26 a la SSP, a través de la Policía Federal, para que participe en operativos de detención de los migrantes.

Elementos de esa corporación han sido señalados por los indocumentados y por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como entes que han violado los derechos humanos de migrantes, por lo que incluso ya hay recomendaciones contra ellos.

A su vez, el sector popular del PRI advirtió ayer que, de aprobarse la ley de migración como está el dictamen en el Senado, se alentaría la industria del secuestro y se subordinaría la Policía Federal a la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales de Estados Unidos (ICE).

Edmundo Ramírez Martínez, secretario de Asuntos Migratorios e Internacionales de la Central Popular del tricolor, señaló que la actual Ley General de Población –aprobada en la Cámara de Diputados en 2007– despenalizaba y discriminalizaba la migración indocumentada.

Únicamente se menciona una sanción administrativa al indocumentado reincidente, de 20 salarios mínimos, conmutables con trabajo comunitario. Ahora, con las penas de 500 salarios mínimos para los migrantes que se proponen en la iniciativa a discutirse el martes, se fomentará la industria del secuestro.

Asegura que si esta iniciativa se convierte en ley se multiplicarán exponencialmente los secuestros, la extorsión y la violación a los derechos humanos. “El entre a policías municipales, estatales, federales o a cualquier autoridad corrupta, ya no será de 100 o 200 pesos, pues de acuerdo con la ley será hasta de 500 salarios mínimos, que es lo que los senadores estarían promoviendo”, afirmó.

Los secuestros masivos se incrementarán; las víctimas de las masacres, como la que se presentó en San Fernando, Tamaulipas, seguirán; la trata de personas, que es el tercer mayor ingreso del crimen organizado y el mercado de órganos, continuará; pero ahora con una ayudadita financiera que les está dando el Senado, recalcó el priísta.

El artículo 26 de la iniciativa da atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública en materia migratoria y se faculta a la PF a efectuar revisiones de documentos “por el color de piel, modo de hablar o vestir; podrán pedir documentos migratorios. Esto hará más dura la legislación mexicana que la impulsada por los republicanos en Arizona; parecería que estos párrafos los redactó Joe Arpaio, el sheriff del condado de Maricopa. Si el Senado aprueba como está la iniciativa, será un Legislativo ‘candil de la calle y oscuridad de su casa’”, recalcó Edmundo Ramírez.

En el dictamen se utiliza el concepto de aseguramiento como sinónimo de detención de personas; por eso desde el manejo de palabras es una ley que criminaliza y penaliza a los migrantes.

Posponer la votación: CNOP

La CNOP pide que se posponga la votación, a fin de debatir a fondo los artículos donde no está clara la protección de las garantías individuales de los indocumentados.

El senador panista Rubén Camarillo, integrante del grupo plural para elaborar la ley en la materia, manifestó: creo que es un buen dictamen. La ley no está perfecta, pero es un gran avance. Sí es cierto que se faculta a la SSP a través de la Policía Federal a detener a los migrantes, pero ése fue un debate muy largo, donde salió a relucir que todas las corporaciones policías federal, estatal y municipal tienen señalamientos de violaciones a derechos humanos, incluso, el Ejército, pero lo que quedó claro es que el INM no puede hacer las detenciones, porque ésa no es su facultad.