La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 50.9 millones de pesos en la construcción del nuevo edificio sede del Archivo General de la Nación (AGN), cuyo presupuesto fue de 222.5 millones de pesos. Es decir, las anomalías representan cerca de 25 por ciento del gasto autorizado para la primera etapa.

El AGN –organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (SG)– entregó el contrato por adjudicación directa a Fonatur Constructora, instancia pública que también ha fallado en otros encargos como la edificación de unidades deportivas en las zonas marginadas de Ciudad Juárez.

Hasta el año pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue encabezado por Miguel Gómez Mont, hermano de quien fue titular de la SG, en el lapso de las anomalías detectadas por la ASF.

En ambos casos los diagnósticos son similares: sobreprecios, falta de comprobación de gastos, obra no ejecutada, trabajos de mala calidad o anticipos sin justificación.

Este diagnóstico de la auditoría, correspondiente a la cuenta pública 2009, se agrega a otras irregularidades cometidas por la SG que redundan en dispendios, contratación excesiva de personal, falta de transparencia y despidos de trabajadores (presuntamente injustificados) incluso en perjuicio de empleados del Servicio Profesional de Carrera, en afán de colocar a los amigos de los altos funcionarios, señalan los trabajadores afectados.

La ASF detectó también que la SG no tiene medidas para asegurar a mediano plazo una reducción en gastos administrativos y tampoco para bajar al mínimo gastos por alimentación y por servicios oficiales y compras.

Aunque las conclusiones de la ASF corresponden a la revisión de lo hecho en 2009, los excesos continúan, de acuerdo con empleados del propio AGN, quienes pidieron no fueran difundidos sus nombres porque varios de ellos interpusieron demandas laborales.

En otras áreas de la dependencia encabezada por Francisco Blake, las denuncias son semejantes, acerca de funcionarios, amigos muy cercanos del responsable de la política interna, que han llegado recientemente a Gobernación.

Ante ello, personal de carrera o empleados con mayor especialización en los cargos están siendo desplazados. Así ocurre, según los testimonios recabados, en la Subsecretaría de Enlace Legislativo, en la Dirección de Comunicación Social y en la propia oficina del secretario y la Oficialía Mayor, entre otras.

Están llegando todos los amigos de Blake, muchos colaboradores cercanos en el tiempo en que aquel fue funcionario en Baja California; los nuevos vienen y por eso de un día para otro te piden la renuncia, aun cuando tengas años de servicio en tareas especializadas, afirmaron.

En lo que toca al AGN la historia de virajes en los proyectos no es nueva, así como las fallas –documentadas por la ASF– en planeación, programación, licitación, contratación, ejecución de obra y pagos.

En 2009, el consejo técnico del AGN –encabezado por el entonces secretario Gómez Mont y la comisionada para el Desarrollo Político, Blanca Heredia– aprobaron el informe de 2008, el cual contenía fundamentos para construir una nueva sede del archivo toda vez que, según el diagnóstico oficial, la actual (ubicada en el antiguo Palacio de Lecumberri) llegó al umbral de la saturación y no contaba ya con las condiciones ambientales propicias para resguardar el patrimonio documental de la nación.

Aunque originalmente se planeó la construcción del inmueble en la periferia de la capital, aparentemente razones de restricción presupuestaria orillaron a cambiar el proyecto de nuevo edificio por sólo una construcción anexa, programada en tres etapas: 2009, con presupuesto de 236.4 millones de pesos; 2010, 629 millones y, en 2011, 327.4 millones.

También en este punto hubo imprecisiones y finalmente se presentaron gastos iniciales por 216.4 millones de pesos; la ASF detectó al final de su inspección 17 observaciones, de las que sólo fueron solventadas 5 y 12 generaron recomendaciones, solicitud de aclaraciones y 4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Durante el trabajo de la ASF, Aurora Gómez Galvarriato, quien desde mediados de 2009 ocupa la dirección general de este organismo, intentó solucionar apresuradamente todas las observaciones que le hizo la auditoría, desde las razones con base en las cuales le dio el contrato a Fonatur Constructora, la cual compró materiales y mobiliario con sobreprecios de al menos 20 por ciento.

Al principio, ese contrato no contaba ni siquiera con seguro de responsabilidad civil ni garantía por defectos y vicios ocultos, entre muchas otras fallas, destacadas por la ASF en el informe que publicó la semana pasada.

La SG deberá solventar otras observaciones en su administración central y de diversas instancias y coordinaciones a su cargo, lo mismo por fallas en la aplicación de los ahorros, en el programa de austeridad y en las irregularidades en sus compras que en el exceso de plazas creadas.