Con excepción del PAN, el resto de las fuerzas políticas se pronunció en contra del decreto de Felipe Calderón por el que se otorgan deducciones fiscales al pago de colegiaturas en colegios particulares, porque con esa medida, se privilegia a un sector, es electorera y va en detrimento de la educación pública.

Esos 13 mil millones de pesos de guardaditos o economías debieron destinarse a infraestructura educativa, ya que hay escuelas públicas que no tienen baños, pizarrones o se encuentran en malas condiciones”, aseveraron senadores de PRI, PRD, PT y Nueva Alianza.

Pablo Gómez, del PRD, cuestionó en el pleno: ¿Cuál es la prioridad educativa? Fortalecer los ingresos de los padres de familia que tienen a sus hijos en enseñanza privada o combatir la escuela paupérrima? Esta manera fiscal de hacerlo, es la forma más vergonzante de todas las que se encuentran aplicadas en el mundo.

Abundó el perredista, tenemos un diferencial de calidad educativa interna que sólo se ve en el África subsahariana; debemos tratar de igualar la calidad de la educación pública; contamos con escuelas sin maestro, sin recursos. Esos 13 mil millones de pesos debieron servir para lo que el gobierno debe resolver: elevar la calidad de la educación, que es su responsabilidad por mandato constitucional.

Destacó el senador Gómez: “el gobierno va a dar una contraprestación a aquellos que tienen a sus hijos en escuelas privadas, pero no es capaz de garantizarle a todos los jóvenes mexicanos en edad de cursar el bachillerato cupo en las escuelas y servicio de calidad. Entre otras causas del bajo nivel de la educación está el charrismo sindical”.

La senadora del PRI Guadalupe Fonz Sáenz dijo en el pleno que el país requiere un sistema educativo con mejores recursos y con reformas de fondo. “Este decreto deja mucho que pensar. No se puede estar gobernando con ocurrencias, menos plagiando ideas, programas; eso no se vale.

Bienvenido ese pacto, pero nosotros vamos más allá, vamos por una reforma educativa que dé oportunidad a ese otro México, que en los últimos años no han querido ver los gobiernos. Ese otro México con más de 40 millones de población en pobreza extrema, esa gente que lo único que puede hacer es ir a colegios públicos, y esas escuelas se encuentran hoy en decadencia, a veces no cuentan ni con servicios sanitarios y no tienen pizarrones.

Rafael Ochoa Guzmán, del Panal, también líder del sindicato magisterial, aseveró en tribuna: la familia genérica universal no es beneficiaria, sino sólo la familia de clase media y alta. Con este decreto se incentiva la migración paulatina hacia las escuelas privadas; esto exigiría una revisión más cuidadosa de la autoridad.

Fernando Elizondo, por el PAN, defendió el decreto; “no es una medida de política educativa, sino fiscal. Con esta medida se está beneficiando a ese sector de contribuyentes que históricamente han sido relegados, y que cada vez que hacemos una reforma fiscal reclaman, ‘pagamos impuestos y no vemos los beneficios’”.