El senador Ricardo García Cervantes, presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, capítulo México, aseguró que en las próximas horas el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, dará respuesta a los deudos que demandan el rescate de los 63 cuerpos que permanecen en el socavón de Pasta de Conchos, y precisó que podría ser en el sentido que han esperado casi un lustro.

Entrevistado al concluir la proyección del documental Voces del subterráneo, el legislador panista indicó que Blake Mora “me ha prometido una respuesta en estas horas… Estoy seguro que la sensibilidad del presidente Calderón va a hacer que se recompongan las versiones y se haga lo necesario para revertir las condiciones, y dar un testimonio de que los mineros de carbón serán sujetos de políticas públicas y de mayor cuidado del Estado.”

Carlos Rodríguez, sacerdote jesuita, integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) expresó su optimismo, así como Cristina Auerbach, integrante de Familia Pasta de Conchos y de la Pastoral Nacional Laboral.

Rodríguez indicó que la mesa que se instaló en la Secretaría de Gobernación desde hace dos meses es, por fin, algo serio camino al rescate de los cuerpos. De hecho, es la primera mesa formal y reiteró su petición de que “no la entorpezcan ni las secretarías de Economía ni del Trabajo ni Grupo México, quienes no son interlocutores necesarios.

Precisó que tres factores llevaron a Gobernación a sentarse a la mesa. El primero es que el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pasará a la Corte Interamericana, y todo apunta a que se condenará al gobierno mexicano, pues la reparación del daño empieza con la localización y entrega de cuerpos.

Otros factores fueron la movilización de noviembre de las familias de los deudos a Los Pinos, así como el rescate de los 33 mineros en Chile, que demostró al mundo lo que sucede cuando un país invierte en los trabajadores y no sólo en las empresas.

El balón está del lado de Gobernación, que tiene la posibilidad de cesar el dolor que comenzó en 2006 y de hacer efectivo el derecho humanitario que tienen las familias de enterrar a sus muertos.