Oaxaca, Oax., 17 de febrero. El gobernador Gabino Cué Monteagudo rechazó ofrecer disculpas al magisterio estatal y se negó a destituir a los secretarios de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, y de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, así como al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Guzmán, como demandó ayer la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Si a alguien se debe ofrecer disculpas por la situación vivida recientemente en el centro de la ciudad de Oaxaca (el enfrentamiento del martes de policías federales y estatales con profesores) es al pueblo en general, que a todos nos ha dado la responsabilidad de asumir un papel en el proceso de transición democrática, tanto a autoridades como a los demás sectores, señaló en un comunicado.

Nuestro llamado es a asumir la responsabilidad que nos corresponde por los agravios a maestras, maestros, servidores públicos y particulares que resultaron dañados en su patrimonio e integridad física. El gobierno del estado ofrece una investigación seria, objetiva e imparcial para deslindar responsabilidades, reiteró el manda- tario estatal.

Cué Monteagudo hace un llamado al diálogo y la reconciliación a la sección 22 del SNTE, a la que reconoce interlocución plena, y deslinda a su gobierno de cualquier intento de agresión o acción que pretenda socavar el derecho a la libre expresión, al libre tránsito y de asociación, reservando su facultad de intervenir cuando se afecte el orden público, así como la integridad física y patrimonial de terceros.

También se reserva su facultad de mantener a los servidores públicos de su gabinete, cuando su ejercicio público honre y se desarrolle de conformidad con las leyes que rigen su desempeño, en alusión a la solicitud de Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del SNTE, que ayer demandó la destitución de Piñeyro Arias, López Escamilla y Vásquez Guzmán, de quienes dijo que están al servicio de Elba Esther Gordillo, presidenta nacional del SNTE.

Para protestar por la agresión de policías al movimiento magisterial y popular durante la visita del presidente Felipe Calderón, y requerir al gobierno estatal el castigo a los autores de la represión en 2006, 20 miembros del Frente Estatal de Víctimas de la Represión por la Verdad y la Justicia empezaron un ayuno de 12 horas frente al palacio de gobierno.

Porfirio Domínguez Muñozcano, coordinador del Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca, sostuvo que a la falta de interés de la administración estatal para atender la demanda social de justicia de víctimas de la represión de 2006 –cuando él mismo fue detenido por la Policía Federal– se suman los recientes sucesos de violencia.

En otro contexto, el abogado chileno Roberto Garretón Merino, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, sostuvo que las violaciones a derechos humanos ocurridas en la administración estatal encabezada por Ulises Ruiz Ortiz requieren ser investigadas por una comisión de la verdad para que sean castigados los responsables.

El ex relator de derechos humanos en Zaire, quien acudió a Oaxaca a apoyar a organizaciones de la sociedad civil, aprobó la intención del gobernador Gabino Cué de indagar los crímenes, detenciones ilegales y casos de tortura cometidos durante el pasado gobierno.