El contralor general del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, iniciará la próxima semana una auditoría para deslindar responsabilidades en la reasignación de 348 millones de pesos para la creación del Fondo para la Modernización Inmobiliaria en el organismo.

El contralor emitió un exhorto a la Junta General Ejecutiva del IFE (integrada por funcionarios y el consejero presidente Leonardo Valdés) para que devuelva a la Tesorería de la Federación el monto citado, porque tal resignación no es viable; no hay soporte legal en la expedición de un cheque a su favor para tener en su poder ese monto y tampoco para la operación del fondo en cuestión.

Precisó que el órgano fiscalizador a su cargo puede fijar sanciones para directores generales, mientras que la Cámara de Diputados resolvería lo conducente en el eventual caso de que la investigación concluyera que hay responsabilidades del consejero presidente.

Yo me comprometería a iniciar este procedimiento (auditoría) la semana próxima, y cuando tuviera los resultados pudiera yo someterlos a la consideración de ustedes, dijo Guerrero durante un encuentro con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

El contralor leyó un documento en el que funda su desacuerdo con la reasignación de los 348 millones que aprobó la dirección ejecutiva de administración del IFE el 20 de diciembre pasado, para destinar los recursos a la compra de inmuebles. La interpretación (del IFE) es incorrecta, subrayó.

El IFE ha asegurado que los recursos son susceptibles de reasignarse porque son ahorros, economías e ingresos excedentes y los clasifica en: 215 millones producto de plazas no ocupadas durante el año; 22 millones de ahorro en diversas actividades, y 111 millones de ingresos propios derivados de productos, aprovechamientos y convenios realizados con otros institutos electorales locales. Es decir, servicios vendidos por el instituto, lo cual desató la suspicacia de algunos legisladores, quienes advirtieron que el organismo podría estar incurriendo, además, en conflicto de intereses.

Guerrero aseguró que la junta del IFE omite señalar que mes a mes, a partir de febrero, los ingresos fueron aplicados en diversos capítulos y partidas de gasto. Por lo tanto, insistió, los 348 millones deben ser regresados a la Tesorería de la Federación.

Respecto de la no ocupación de plazas, señaló que no se justifica que el organismo pidiera recursos presupuestales para éstas consciente de que no las ocuparía.

Fue en este punto que diputados y el contralor señalaron que el IFE debe hacer una revisión de su gasto en salarios y prestaciones; de las plazas que no ocupa y los gastos derivados de la renta de inmuebles, a fin de no dejar como única alternativa la compra de los mismos.

De acuerdo con información del organismo, el IFE cuenta con 655 inmuebles; de éstos, 31 son propios, 49 en comodato y 575 arrendados. En 2009, el IFE pagó 254 millones de pesos en arrendamientos; en 2010 la cifra se ubicó en 233 millones y se calcula que durante 2011 este gasto llegue a 266 millones de pesos.

Algunos diputados de la comisión encabezada por Estela Damián (PRD) señalaron que la intención del encuentro no es hacer un juicio sumario, sino conocer la situación del organismo. Ante ello, diputados del PT aclararon al contralor y a la veintena de legisladores presentes que el objetivo del encuentro no era buscarle un administrador eficiente al IFE, sino saber la ruta crítica de la auditoría y sancionar lo que es una clara violación a diversas leyes federales. Indicaron que el carácter autónomo del IFE no lo exime de la responsabilidad de cumplir las normas.

Casi al final del encuentro –y presionado por diputados– el contralor dijo que la semana entrante iniciará la auditoría al IFE, aunque dejó en claro que no hay un plazo definido para la conclusión de la misma.

La diputada Damián dijo que en caso necesario se solicitará la intervención de la ASF para que investigue un probable desvío de recursos. Este año, cuando se inicia oficialmente el proceso electoral de 2012, no puede quedar ninguna duda sobre la honestidad de un órgano que nos ha costado mucho trabajo para garantizar la certeza de la elecciones.