Diputados de oposición señalaron que la información difundida por este diario acerca del nivel de marginación en diversos municipios de Guerrero es una prueba del fracaso del modelo económico, pero también de la ineficacia de los programas de asistencia social.

Carlos Flores Rico (PRI) indicó que cada año se ha incrementado el presupuesto al combate de la pobreza y, pese a ello, esta situación no disminuye debido a que no se atienden problemas estructurales, sino que se limitan a aplicar, en los años recientes, mecanismos asistenciales.

Diputados del PRD responsabilizaron al gobierno federal del rezago en esta materia, y afirmaron que los programas están mal empleados. Un nivel de miseria como el de la región de la Montaña de Guerrero no se combate con programas del tipo Piso Firme, consideró Alfredo Ríos Piter, representante por Guerrero.

El coordinador de los diputados perredistas, Alejandro Encinas, comentó al respecto: evidentemente la marginalidad y la pobreza del país siguen creciendo, no solamente en los estados de pobreza extrema, como Guerrero, Oaxaca o Hidalgo, sino en zonas urbanas, lo cual representa, además, un componente que alienta el reconocimiento de problemas de seguridad y desintegración familiar.

De acuerdo con un estudio del PRI, en las zonas de atención prioritaria –rurales y urbanas– habitan más de 26.4 millones de pobres; adicionalmente, en México todavía se registraban, en 2006, 14.4 millones de personas en pobreza alimentaria y 44.6 millones en pobreza de patrimonio, indicadores que crecieron en el periodo 2006-2008, 5.1 y 6.1 millones, respectivamente.

El diputado Encinas agregó que el contexto anterior evidencia el fracaso del modelo económico y que las políticas públicas llamadas de desarrollo social no han logrado mejorar el nivel de vida de los mexicanos.

Encinas aseguró que, además de que todo tiene ahora una carga política, lo cierto es que hasta el momento no han funcionado los programas de desarrollo social, porque siguen sustentados en apoyos asistencialistas y éstos no van acompañados de recursos para la reactivación económica y productiva.

En el país, imposible: Vega

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casilas, sostuvo que no tiene ningún sustento el cable de la embajada de Estados Unidos proporcionado por Wikileaks a La Jornada, relativo al acuerdo entre el gobierno federal y los partidos opositores para ocultar en 2009 datos sobre el crecimiento de la pobreza en el país.

“De verdad desconozco cuál haya sido la fuente, no de Wikileaks, sino de la otra, de cómo se llegó a esa conclusión”, porque en México es imposible ocultar datos económicos.

Afirmó que pudiera suceder en otro lado, pero no en México, el ocultamiento de información. Arguyó: en materia de cifras somos revisados; muchas de las organizaciones internacionales en materia económica sacan sus propias cifras, que generalmente coinciden con las del gobierno de México, y los datos se comparan con diversas instituciones. No le veo ningún sentido a esa afirmación.

En otro tema, respondió a las críticas del Partido Verde Ecoloigista de México sobre supuestas irregularidades en que incurrió la SFP por dejar pasar cuatro años para sancionar a 14 funcionarios vinculados con fraudes en los contratos adjudicados a Arrendadora Ocean Mexicana y TMM, empresas ligadas a los hermanos Bribiesca Sahagún.

Detectamos el fraude y lo sancionamos. Estaría en disposición para aclarar cualquier tema, dijo, y subrayó que la SFP ya dio un informe de cómo se hizo el trabajo, el descubrimiento del fraude, las sanciones que se han presentado y también que tenemos en curso más investigaciones al respecto.

En ese caso, la SFP impuso sanciones por más de 6 mil millones de pesos a los funcionarios, pero no los denunció penalmente, pese a que contrataron con un sobreprecio de 23.7 millones de dólares cuatro buques tanque –la renta se paga por día– durante más de cinco años.

Vega Casillas negó que las acciones de la SFP tengan un fin electorero. Siempre habrá quien le vea doble fin a las cosas. De los casos denunciados en los tribunales fiscales y administrativos, ganamos más de 90 por ciento, dijo en alusión a la inhabilitación y suspensión de funcionarios por incurrir en alguna irregularidad.

Al preguntarle sobre las multas millonarias y su mínima recuperación, señaló: cuando imponemos una sanción o multa, siempre habrá quien quiere descalificar, por sus propias razones.

Antes, en la presentación del Manual administrativo de aplicación general en materia de recursos materiales y servicios generales, dijo que contiene reglas claras para las oficialías mayores del gobierno federal sobre la administración de los bienes muebles e inmuebles, archivos, almacenes y otros.